REFORMAS CONSTITUCIONALES ERRÓNEAS

En estos momentos se lleva a cabo un debate candente en la Asamblea Legislativa en torno a la modificación de los Artículos 188, 189 y 190 de la Constitución Política que pretende establecer el marco para convertir a las instituciones del estado (INS, ICE y otros) en “empresas públicas de servicio”, sin controles por parte de otros órganos estatales.

La Peor Forma de Privatizar

Las leyes que vendrán luego de las reformas constitucionales –Ley General de Electricidad y los otros– crearán esas empresas de servicio, las cuales estarán exentas de los controles contenido en los Artículos 182, 184 y 192 de la Constitución (procedimientos de licitación, fiscalización de la Contraloría, etc.). Como señala el Magistrado Rodolfo Piza, habrá un “régimen privado de las empresas del Estado”. O sea, se privatizarán las empresas estatales, pero de la peor forma.

Existen muchas otras formas de privatizar empresas públicas. Dos de ellas son: la venta directa y la entrega de acciones a cada ciudadano. La primera tiene la ventaja de que se obtienen importantes ingresos que podrían ser utilizados para reducir considerablemente la agobiante deuda pública. La segunda tiene el mérito de convertir a los costarricenses en propietarios reales de las empresas. Las dos tienen la ventaja de que los dueños asumirán los costos de cualquier mala decisión.

La “privatización” propuesta por el gobierno a través de las leyes de marras tienen serias desventajas: no se obtienen recursos, excepto por la pequeña proporción de acciones que se vendan, y los ciudadanos no se convierten en dueños reales de las empresas, pero sí seguirán asumiendo los costos de las malas decisiones de los políticos. Se continuará privatizando las ganancias y socializando las pérdidas.

Ahora, si no fuera por este último aspecto, no importaría cómo se privaticen las empresas, porque lo importante para la sociedad no es la propiedad de las empresas, sino los servicios. Cuanto más servicios haya y cuanto más baratos sean, mayor será el incremento en bienestar de la sociedad. Por esta razón, es infinitamente más importante la apertura total de los mercados que la asignación de la propiedad de las empresas.

El Enfoque es Incorrecto. Además de los obvios “beneficios” que obtiene la clase política, la obsesión con las empresa públicas proviene de un grave error de concepción. Cualquier actividad económica, bien manejada, genera dos tipos de ganancias: (1) Las de la empresa y (2) las de los usuarios. En competencia, la empresa recibe, como ganancias, un retorno “normal” a su inversión. Por su parte, los usuarios obtienen ganancias considerables al tener que pagar por el servicio menos de lo que éste vale para ellos. Cuando hay competencia, las ganancias de los consumidores (usuarios) tienden a ser considerablemente mayores que las de las empresas. El error de concentrarse en las ganancias de las empresas induce a reducir o anular la competencia –crear monopolios públicos– y esta acción anula o reduce considerablemente lo que es el verdadero beneficio de la sociedad: la ganancia de los usuarios.

El gran negocio. Para la sociedad como un todo, el inmenso negocio no lo constituye la empresa como tal, sino el servicio que se recibe y, desde esta perspectiva, no importa quién sea el servidor —puede ser privado o público, nacional o extranjero. Una línea telefónica, cuya instalación cueste, digamos, $1.000, puede generarle a la sociedad 50 o 100 veces su valor a través del servicio. ¿Cómo? Facilitando la comunicación y los negocios, evitando viajes innecesarios y muertes, etc.. A manera de ejemplo, imagine una situación en la cual la Región A está completamente separada del resto del país por un río de 2km de ancho. En un primer momento no hay un servicio que conecte las dos partes, de ahí que los productores de la Región A no pueden vender productos al resto del país que les depararía ingresos netos de ¢500 millones mensuales. En un segundo momento, un individuo pone a funcionar un “ferry” (privado) y cobra, digamos, ¢1 millón al mes, a pesar de que sus costos solo llegan a ¢100.000. El tiene un buen negocio. Pero este es el menor de los negocios. El gran negocio está en los ¢499 millones, en utilidades, que ahora obtienen los productores de la Región A. Pero eso no es todo. Los productos de la Región A también generan bienestar en el resto del país, puesto que para los consumidores, esos productos valen más que lo que pagan. Este es el gran negocio de la sociedad. Infortunadamente, hasta ahora se ha creído que el gran negocio es el ferry; de ahí la obsesión con las empresas públicas.

El ferrocarril es un buen ejemplo de cómo esta concepción errónea arruina el gran negocio de la sociedad. Cuando la Northern Railway Company fue privada, aportó increíblemente al desarrollo del país: generó empleo, riqueza y bienestar para miles de ciudadanos. La tomó el gobierno, supuestamente para dar un mejor servicio y poner las ganancias a funcionar en beneficio de todos; pero lo que hizo fue quebrarla en poco tiempo y abandonarla. Ahora que es “de todos”, no aporta nada; nadie se beneficia.

La Reforma Correcta. Además del problema señalado con respecto a la privatización sui géneris que pretende el gobierno, existe otra razón poderosa por la cual el estado debe salirse de toda actividad productiva: no se debe ser juez y parte; es inmoral. El estado debe velar por que las empresas respeten los derechos de sus clientes, competidores y otros afectados. Para cumplir esta función esencial, no puede ser también empresario.

Lejos de crear otras figuras de empresas públicas, la reforma constitucional que se debería estar discutiendo es aquella que le prohíbe al estado llevar a cabo actividades económicas.

 
 
DMS