Ley de tránsito

En la columna anterior señalamos que tres de las causas de los accidentes de tránsito mortales (ATM) son responsabilidad directa del Estado (insuficiencia de vías más el pésimo diseño y mal estado de las existentes) y dos, de los conductores (mal estado de los vehículos e imprudencia al manejar), y que el Estado desatiende las de su responsabilidad mientras le carga la mano al conductor. 

Ley de Tránsito. Una buena muestra de esta infame conducta es el proyecto de reforma a la Ley de Tránsito que ahora impulsa el gobierno, aduciendo que “una normativa vial más drástica es necesaria para reducir las víctimas mortales en las carreteras”. Su intención es pasar “de 14 a 11 fallecidos por cada 100.000 habitantes antes del 2010”. Entre las sanciones severas, el proyecto contempla las siguientes multas:

  • ¢364.000 ($730) por rebasar en curva en una ruta de dos carriles (hoy son ¢26.000), y suspensión de la licencia por dos años. 
  • ¢234.000 ($470) para quienes irrespeten la luz roja de un semáforo. Hoy son ¢13.000.


Proporcionalidad. Si consideramos que actualmente, el salario mínimo mensual es de ¢141.500 para un peón, ¢164.923 para una secretaria, ¢268.200 para un profesional con bachillerato universitario, y ¢321.850 para uno con licenciatura, tenemos que concluir que estas multas son absolutamente desproporcionadas, injustas, confiscatorias. ¿De cuánto sería, entonces, una multa proporcional, justa? Aquí se presenta un gran problema. 

En sociedades justas, no se comete un delito hasta que se viole algún derecho de otro ser humano. Y cuando esto ocurre, la  justicia consiste en reparar el daño causado al prójimo. Si un ladrón le arrebata el auto a Juan Pérez, lo justo es que se le devuelva el auto u otro equivalente, más una compensación por los inconvenientes sufridos. El “castigo” no es antojadizo. El problema de justicia surge cuando los gobernantes tipifican como delitos acciones que no lesionan los derechos de otros. En regímenes totalitarios, el leer ciertos libros de economía puede ser un delito, penado hasta con la muerte. El castigo es antojadizo, porque el crimen es inventado; no existe.

En el caso de tránsito que nos ocupa, el simple hecho de rayar en curva o saltarse una luz roja no constituye una violación de derechos ajenos. Como no hay delito, el castigo es lo que se le antoje al gobernante: multas astronómicas o 20 años de cárcel. El perjuicio ocurre solo si a raíz de esas acciones, el individuo choca contra otro auto u otra persona. Y solo ahí es donde se debe aplicar todo el peso de la ley.

Educación. Si no se puede castigar a nadie con base en la probabilidad de una violación del derecho ajeno, ¿cómo se atacan, entonces, los dos problemas de tránsito mencionados? Aquí solo cabe mucha educación. Pero los autoritarios gobernantes latinoamericanos, consumidos por una sed de sangre, adoran el castigo y desdeñan la educación. Por eso, la violencia estatal suele ser mayor que la violencia que se quiere combatir. Una tragedia.
 
 
DMS