¿DE QUIÉN ES EL ICE?

Hemos señalado que la modificación a los Artículos 188, 189 y 190 de la Constitución Política que establecería el marco para convertir a las instituciones del estado (INS, ICE y otros) en empresas públicas de servicio, sin controles por parte de otros órganos públicos, era la peor forma de privatizar dichas empresas. La medida equivalía a reconocer abiertamente que los políticos eran su verdaderos dueños. Pasada la refriega, debemos retomar el tema.

¿Quiénes son los dueños del ICE?

Se ha dicho hasta la saciedad que las empresas estatales son de todos nosotros. ¿Es esto cierto? ¿Cómo se comprueba tal aseveración? Tiene que haber alguna forma de comprobarla, de lo contrario la frase no significaría absolutamente nada y nuestra inteligencia quedaría en entredicho. Ser dueño de un activo debe significar alguna utilidad para el poseedor; es decir, debe haber una diferencia tangible entre ser dueño de un bien y no serlo. Con esto en mente, evaluemos algunos criterios utilizables para determinar si en verdad el ICE es de todos.

1. El ICE es de todos porque brinda servicios a los costarricenses. Este criterio falla porque no hay provecho (utilidad) para los nacionales que no reciben el servicio. Son muchos. Además, utilizar este criterio equivale a decir que la Coca Cola, American Airlines y todas las demás empresas que nos brindan servicios son de todos los costarricenses. Una locura.

2. El ICE es de todos porque lo administran los políticos y los sindicatos. Este criterio por sí solo no significa ninguna utilidad para el ciudadano que no pertenezca a esos grupos. Mas bien constituye una prueba de que los políticos y sindicalistas son los verdaderos dueños.

3. El ICE es de todos porque cada costarricense posee un título de propiedad (una acción) y al final del año recibe dividendos (aunque algunos no tengan teléfono o servicio de electricidad). Este criterio es acertado porque sí hay una utilidad o beneficio para cada costarricense. El único problema es que hasta hoy ningún tico ha poseído una acción o recibido dividendos.

Además del utilitario, se podría recurrir al aspecto de la toma de decisiones para definir de quién es la empresa. En Costa Rica, el ciudadano común no tiene absolutamente ninguna ingerencia en las decisiones sobre el manejo del ICE. Todo lo contrario; ni siquiera tiene poder, aun con el dinero en la mano, para asegurarse los servicios básicos.

Hasta ahora, la idea de que el ICE (INS, RECOPE, ect.) es de todos, no es más que una ficción. Un recurso utilizado por los políticos para engatusarnos. Resulta en extremo sorprendente que se pueda engañar a tantas personas por tanto tiempo.

¡Qué sea, en verdad, de todos nosotros!

Lo que ha ocurrido hasta ahora con las empresas públicas es similar a la situación en la cual el marido le jura a su esposa que la casa es de ella, pero rehúsa entregarle un título de propiedad. La mentira debe terminar. Se debe convertir en realidad la frase, hasta ahora demagógica: ” el ICE es de todos“. ¿Cómo? Entregándole a cada ciudadano una acción de la empresa, equivalente a la parte proporcional que le corresponde (incluyendo activos y pasivos), y sin ninguna restricción en cuanto a cómo disponer de ella. Es decir, el individuo tendría la potestad de guardarla como un activo y funcionar como accionista con derecho a voto y participación en la dirección de la empresa, vender su acción a otra persona o empresa interesada en el negocio o canjearla por otras acciones, incluso del mismo ramo. También gozaría de absoluta libertad para elegir a su proveedor del servicio. En síntesis, el individuo sería libre para ejercer sus opciones como productor y como consumidor.

Esta propuesta tiene por lo menos dos bondades. 1) Pone fin a las animosidades, perspicacias y largas discusiones en el Congreso, y permite que sean los auténticos dueños —y no un puñado de políticos o sindicalistas— los que decidan qué hacer con la empresa. 2) Al eliminar la doble violación de nuestros derechos (el del consumidor para poder elegir al proveedor de servicios y el del productor para participar como oferente), le devuelve un poco de decoro al marco jurídico-institucional costarricense.

Ahora, ¿por qué, a pesar de sus discursos sobre la democratización económica, así como sus marchas en pro de la democracia y en defensa de los bienes de todos, los políticos no han aceptado esta propuesta? Es sencillo. No les interesa traspasar la empresa a los costarricenses. Perderían mucho.
 
 
DMS