Una reciente declaración de Amnesty International Argentina asegura que "La liberalización, la privatización y el desmantelamiento de los servicios de asistencia social han llevado a un incremento de las desigualdades en mucho países, y Argentina no es una excepción"

Es común escuchar en estos días donde la búsqueda de culpables suplanta y anula a la búsqueda de soluciones, ataques a la economía de mercado como causante de la crisis actual que padece el país.

La afirmación de Amnesty es efectista y falsa. En Argentina no hubo liberalización de ningún tipo. En términos comerciales el arancel promedio de la argentina es cuatro veces superior al arancel promedio de lo países más libres del mundo. A su vez, nuestro país mantiene regulaciones laborales de la década del cuarenta, normas comerciales de la colonia (permisos y licencias) y mercados cautivos propios de la corona española.

Asimismo, en la Argentina tampoco hubo un proceso de privatización en el sentido auténtico de la palabra. Las llamadas privatizaciones fueron transferencias por lo general de concesiones de monopolios públicos a monopolios legales privados. Si se hubiera priorizado la correcta asignación de recursos se hubieran abierto los mercados (aún a costa de recaudar menos) y se hubieran instalado empresas en competencia.

En todos los mercados "privatizados" actúan monopolios legales o mercados cautivos por instituciones cerradas (aeronavegación, telefonía, distribución eléctrica, mercado postal, hidrocarburos, etc).

Por otra parte, en Argentina los "servicios de asistencia social" no fueron desmantelados. Por el contrario, el gasto público social representa desde 1993 entre el 65% del gasto público consolidado, significando una suma que oscila entre los 51.000 y los 60.000 millones de pesos anuales.

Además hay que recordar que la Argentina es un ejemplo del avasallamiento de la propiedad privada. Solo citar el Plan Bonex de 1990 (confiscación de plazos fijos), el plan Brady de 1993 (reestructuración "voluntaria de títulos de la deuda"), el reciente Default aplaudido y las restricciones a las operaciones bancarias (corralito). Todos ellos son ejemplos suficientes que lo más preciado de la economía de mercado ha sido sistemáticamente vapuleado.

Por último, la política fiscal de los noventa no puede ser seriamente considerada como compatible con la economía de mercado. Entre 1991 y el 2000 el gasto público aumentó un 94%, la deuda pública se duplicó y la recaudación creció en U$S 30.000 millones anuales.

Semejante transferencia del sector privado al sector público es impensable en una economía de mercado. Claramente no se puede hablar de economía de mercado, liberalización y privatización real en la economía argentina.

Confundir lo sucedido en los noventa en la Argentina con la economía de mercado implica sufrir una suerte de "Amnesia" conceptual. Basta ver la performance de los países más abiertos del mundo y las experiencias de los países que más contacto con el mundo civilizado tienen. En dichos casos, las economías abiertas tienen indicadores de desempleo bajísimos (Estados Unidos, Singapur, Hong Kong), los niveles de crecimiento más elevados (Estonia, Irlanda, por ejemplo) y lo que es más importante: el 50% de la población más pobre del mundo (China e India) creció en la década del noventa y motorizada por las políticas libres implementadas a una tasa de crecimiento que triplicó la evidenciada en los países desarrollados. En efecto, China crece al 8,5% en tanto que la India creció un 6,5% en el último año.

El error de diagnóstico de Amnesty es costoso y lamentable. En plena crisis terminal, la siembra de confusión sólo puede cosechar problemas irresueltos.

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