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La
compra de empleos
Nuestro
gobierno se mostró sumamente complacido porque la OMC aprobó, en Qatar,
una extensión por 7 años de los beneficios que ciertos países otorgan a
las empresas de las zonas francas, privilegios que caducaban en diciembre
del 2002. Según los jerarcas, esta prolongación beneficia al país,
particularmente porque dichas empresas seguirán generando empleo. Esta
complacencia gubernamental, no obstante, forma parte de una concepción
económica errónea, absurda e inmoral.
Regímenes
empresariales. Para efectos de este artículo, en Costa Rica
existen cuatro grupos de empresas: las que están situadas en zonas
francas, las que firmaron contratos de exportación, las que cuentan con
protección, y las Unidades Productoras (UPB); estas últimas constituidas
por cada hogar costarricense. Las empresas instaladas en zonas
francas gozan del libre manejo de divisas y exoneración de
aranceles para la importación de materias primas y bienes de capital, no
pagan el impuesto sobre la renta y tienen un sistema aduanero ágil en el
sitio donde se instalan. Además de eximir a las empresas del pago de
impuestos de todo tipo, incluyendo los aranceles aduanales, los Contratos
de Exportación contemplan el Certificado de Abono Tributario
(CAT), un subsidio directo a los exportadores de productos no
tradicionales. Por otra parte, muchas empresas establecidas fuera de las
zonas francas reciben subsidios a través de la protección arancelaria y
para-arancelaria. Los productores de azúcar, leche y pollo, por ejemplo,
están protegidos por aranceles de 50, 96 y 200 porciento,
respectivamente. También reciben esta protección los productores de
frijol, arroz, cebolla, papa, y un largo etcétera.
El
noble oficio de producir no se circunscribe a los empresarios
industriales, agrícolas o proveedores de servicios. Cada hogar
costarricense se afana por producir bienestar, constituye una unidad de
producción de bienestar (UPB). El pulpero, la costurera, el
trabajador informal, el tramero, el futbolistas, el periodista, el
campesino ... todos encabezan o forman parte de una UPB; son productores.
Estas UPB combinan bienes adquiridos en el mercado —arroz, frijoles,
carnes, huevos, cocina, sartén, refrigeradora— con su propio tiempo,
más otros insumos, para producir bienes básicos como salud, vivienda,
educación y esparcimiento; componentes esenciales del bienestar de cada
miembro de la familia, de la UPB. Toda intervención gubernamental que
encarezca los insumos utilizados por las UPB o que reduzca sus ingresos
monetarios, disminuirá su producción de bienestar, así como la
prosperidad de sus miembros y, por ende, de la sociedad. El
proteccionismo, los CAT y los monopolios estatales forman parte de esas
nefastas intervenciones. Se estima que, en Costa Rica, sólo el
proteccionismo despoja a esas unidades del 40 porciento de sus ingresos.
El
gobierno justifica esos regímenes con base en los siguientes argumentos:
las zonas francas atraen inversión extranjera y, de esta manera, crean
empleo; los CE junto con sus CATS sirven para compensar distorsiones
internas y, así, generar empleo; el proteccionismo sirve para compensar
distorsiones externas y, de esta forma, producir empleo. ¿Y cómo
justifica la ruina de las UPB, las empresas más importantes de cualquier
sociedad y a las que los gobernantes juran proteger y servir? Sabrá Dios
... sabrá Dios.
Lo
absurdo. El gobierno subsidia y protege a ciertas empresas con
el fin de crear empleo; sin embargo, prohíbe la operación en el país de
las empresas que desean, sin subsidios, generar riquezas y crear empleo a
través de servicios como la telefonía, los seguros, la importación y
distribución de hidrocarburos, o la fabricación de licores. Otras
empresas con intenciones similares son ahuyentadas por políticas
gubernamentales como la tramitología, los permisos, las excesivas
regulaciones; además de la falta de infraestructura, de reglas claras y
de una clara protección a la propiedad. Al fin de cuentas, el gobierno
disuade el empleo productivo y paga por crear otros empleos, usualmente
improductivos. Una Irracionalidad.
Por
otra parte, al fomentar el empleo de esta manera, Maruja Yerbabuena,
cabeza de familia y de una UPB, consigue trabajo, aunque mal remunerado.
Con su salario debe comprar alimentos y otros insumos encarecidos por el
proteccionismo (su producción de bienestar disminuye), o utilizar parte
de sus ingresos para pagar el subsidio (CAT) de la empresa que lo emplea.
Esto equivale a comprar el empleo. Un absurdo.
¿La
alternativa es no tener empleo? Claro que no. Hay algo mejor. Con eliminar
las distorsiones internas (abrir los mercados monopolizados por los
políticos, eliminar las regulaciones innecesarias y la tramitología,
reducir y eliminar impuestos, quitar los aranceles) y aprovechar los
subsidios externos, se generan más empleos productivos, se elevan los
salarios y se reducen los costos de los insumos de las UPB. En
consecuencia, la mayoría seríamos menos pobres. Esto es lo sensato.
¿Por qué no lo hacen?
Lo
inmoral. Quitar recursos a las UPB (empobrecerlos) con el fin
de enriquecer a unas cuantas de las otras empresas, la mayoría de las
cuales son de políticos o transnacionales, es a todas luces inmoral e
inhumano. Es doblemente inmoral demandar a gritos que los países
desarrollados dejen de subsidiar a sus productores, mientras se cometen
las barbaridades aquí enunciadas. Peor aún. Lamentarse, hipócritamente,
de la pobreza de las UPB, y tratar de paliar su situación con dinero de
ellos mismos, trasciende el ámbito de la simple inmoralidad.
Lo
correcto. En la economía no se puede favorecer a un grupo sin
perjudicar a otro. Por esta razón, la política económica moralmente
correcta es la neutralidad. Al favorecer a los industriales y empresarios
agrícolas —sus colegas, compañeros y amigos—, nuestros gobernantes
se convierten en enemigos, a muerte, de las UPB, del ciudadano común, del
pobre.
Rigoberto
Stewart
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