En su artículo Vender en mal tiempo, don
Rodrigo Carazo señala que por más atención que pone no oye ninguna
razón valedera para vender ICE, INS y otros. Su tesitura me recuerda que no
hay peor sordo que el que no quiere oír, porque los argumentos
valederos han sido repetidamente formulados, en especial los de orden
económico. Se ha señalado, por ejemplo, que además de que los
monopolios estatales brindan menos servicio o de menor calidad y cobran
más caro que lo que cobrarían en competencia, absorben recursos que
serían mucho más productivos socialmente en otras áreas. Es decir, la
privatización de los monopolios estatales liberaría recursos que los
gobiernos necesitan con urgencia para ampliar y mejorar las obras de
infraestructura, así como brindar otros servicios indispensables para el
desarrollo. No tiene sentido que un gobierno mantenga una millarada de
dólares "amarrados" en actividades productivas en las cuales el
sector privado está ansioso por invertir, mientras carece de suficiente
infraestructura y de otros servicios públicos. ¿No son válidas estas
razones?
Otros considerandos. Más allá de la
indiscutible conveniencia económica, existen al menos tres razones de
orden moral que obligan la privatización de las empresas estatales. El
derecho humano a la libertad económica implica que cada individuo debe
gozar de absoluta libertad para adquirir los bienes y servicios que le
sean ofrecidos --sin importar que el oferente sea nacional o extranjero,
el Estado o un agente privado, ni si está ubicado dentro o fuera del
país. Igualmente, toda persona debe gozar de absoluta libertad para
ofrecer a sus conciudadanos el servicio que desee, siempre que no medie la
fuerza ni el engaño. Además, actuar como juez y parte es una
inmoralidad. Y esto es exactamente lo que ocurre con las empresas
estatales: el estado --léase la clase política-- es el regulador (juez)
y a la vez el productor de bienes y servicios (parte) que él mismo
regula. Si no existieran otras razones, esta sola sería suficiente para
exigir la privatización de esas empresas. Esto, en una sociedad decente.
Estas consideraciones éticas nunca han sido tomadas en
cuenta a la hora de discutir la conveniencia de que el estado sea
empresario ... y monopolista. ¿Por qué? Porque guiados por la
generación de políticos de la segunda mitad de este siglo, nos hemos
convertido en una sociedad vacía de moral, de reparos éticos. No podemos
esperar este tipo de consideraciones de una clase capaz de saquear los
Fondos de Emergencia, Aviación Civil, Banco Anglo, Fodesaf y tantos
otros; de obligar a los pobres a subsidiarla por medio de los CAT; de
fijar un arancel de 109 porciento a la leche, o de 275 porciento al pollo
mientras dice preocuparse por los pobres. Tampoco podemos esperar que el
señor Carazo, miembro prominente de esa clase, considere esas razones
éticas como valederas.
Cómo privatizar. Conociendo bien a sus
compañeros de andanzas, don Rodrigo se preocupa, con justa razón, por
que no se vendan los activos a precios de liquidación. Nosotros también.
Esta es la razón por la cual hemos propuesto que en lugar de vender esas
empresas directamente, se le entregue a cada ciudadano una acción
equivalente a la parte proporcional que le corresponde, incluyendo activos
y pasivos. Con la acción en mano, el individuo podría emitir su voto
para determinar qué hacer con la empresa. Podría vender su acción a
otra persona o empresa interesada en el negocio; guardarla como un activo
y funcionar como accionista con derecho a voto y participación en la
dirección de la empresa; o canjearla por acciones de otra empresa.
Nótese que esta forma de privatización y la apertura del mercado son
inseparables.
¿Cuáles son las bondades de esta propuesta? Esta
opción no solo toma en cuenta el aspecto económico/financiero, sino que
da prioridad al aspecto moral, basado en auténticos derechos de los
ciudadanos. Es humana y auténticamente democrática, porque permite que
cada quien tenga lo que prefiere, y no se obliga a todos a preferir o
poseer lo mismo, como ocurre con los monopolios estatales. Se convierte a
los costarricense por primera vez en auténticos dueños de empresas,
dejando atrás la retórica demagógica que tanto le gusta a don Rodrigo;
también da oportunidad para que sean esos dueños y no un puñado de
políticos y sindicalistas los que decidan qué hacer con la empresa.
Además, los políticos no podrían beneficiarse del proceso, robarse
nada. Por último, elimina la violación de auténticos derechos, lo que
es sumamente necesario para mantener la paz en cualquier sociedad. ¿Que
no hay razones valederas?
Rigoberto Stewart
(La Nación, C.R., 13/10/98)
