Del Informe Anual 2000: Libertad Económica en el Mundo, publicado por el Instituto Fraser de Canadá y el Instituto Cato de los Estados Unidos, además de think tanks independientes de otros 52 países (incluyendo al INLAP de Costa Rica), y que clasifica a 123 países según su Índice de Libertad Económica (ILE), podemos extraer dos conclusiones muy importantes: (1) vivimos en un planeta más libre económicamente y (2) la violación del derecho humano a la libertad económica es un crimen por el cual los gobernantes deben ser juzgados y condenados como cualquier otro criminal.

¿Qué es y cómo se mide la libertad económica? En esencia, la libertad económica es el grado de libertad que tienen los individuos para producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Para medirla, los autores del informe (James Gwartney y Robert Lawson) utilizaron siete grandes categorías de variables: tamaño del gobierno, estructura de la economía y el predominio de los mercados, política monetaria y la estabilidad de precios, libertad para utilizar otras monedas, la estructura legal y la seguridad de la propiedad privada, libertad para comerciar con extranjeros y libertad de intercambio en mercados de capitales y financieros. El ILE es un promedio ponderado de las 23 variables contenidas en esas categorías, y tiene una escala de 0 a 10, donde 10 representa la máxima libertad.

La clasificación. Después de Hong Kong y Singapur, las economías más libres son: Nueva Zelanda (3°), Estados Unidos (4°), el Reino Unido (5°) e Irlanda (6°), seguidas por Canadá, Australia, los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza. Entre las economías menos libres figuran: la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Ruanda, Madagascar y Guinea-Bissau.

A pesar de que muchas personas continúan viviendo bajo gobiernos que son hostiles a la propiedad privada, la elección individual y la libertad de intercambio, el informe indica que el mundo avanza en cuanto a la libertad económica. El promedio del índice de libertad económica para los 123 países incluidos en el estudio fue de 6,6 en 1997, significativamente superior al 5,3 de 1980. Esto se debe a mejoras globales en varios componentes del índice, como la inflación, el comercio internacional, los impuestos y el consumo del gobierno. El promedio de la tasa de inflación descendió de 14,5 porciento en 1980 a 5,8 porciento en 1997 y el número de países con una tasa de inflación anual inferior al 5 porciento pasó de 10 a 55; el promedio de los aranceles pasó de 27 porciento en 1980 a menos de 12 porciento en 1997; y a pesar de que las transferencias y los subsidios continúan en crecimiento -con un promedio de 11,3 porciento del PIB en 1997-, la parte de los bienes y servicios consumida por el gobierno se ha estabilizado y las tasas marginales máximas de los impuestos han descendido drásticamente.

Estos resultados indican que muchos gobiernos han ido liberando a su gente. En Latinoamérica se han logrado avances significativos en países como Perú, Nicaragua, Argentina, El Salvador y la República Dominicana. Entre los que más han avanzado en la liberación de su gente durante la década pasada se encuentran Irlanda y Nueva Zelanda, países que ocuparon los puestos 28 y 10, respectivamente, en 1990.

Irlanda. A principios de los años 90, los gobernantes de este país se embarcaron en un impresionante programa de liberalización que tuvo los siguientes componentes: una reducción drástica del tamaño del gobierno (ahora consume 14,8 porciento del PIB) y de la deuda pública, un arancel promedio de sólo 3,6 porciento, una tasa máxima de impuestos de 10 porciento para muchas compañías, libre participación del sector privado en cualquier área de la economía, una inflación promedio anual de 3 porciento durante 1990-96 y de 1,6 porciento en 1997, un sistema bancario libre, abierto y competitivo, y un sistema judicial que protege adecuadamente la propiedad privada. La consecuencia de esta liberalización fue un crecimiento del PIB de 6,6 porciento anual durante 1990-96 y de 10,5 porciento en 1997.

Nueva Zelanda. Después de mucho aislacionismo económico, en 1984, el primer ministro David Lange inició un programa de liberalización económica extremadamente ambicioso, el cual fue expandido por el gobierno siguiente a través de una regulación nula del mercado laboral, el equilibrio del presupuesto y mayor reducción de impuestos. En consecuencia, el arancel promedio bajó a 3 porciento (llegará a cero en el 2000), el gobierno consume sólo el 15 porciento del PIB, la inflación promedió en 1986-96 sólo 6,1 porciento (fue de 1,2 porciento en 1997), el sistema bancario no tiene regulación (ni siquiera existe el encaje legal) y se encuentra internacionalizado, los sistemas legal y judicial son eficientes y protegen celosamente la propiedad privada. Además, es fácil establecer una empresa en ese país.

Mientras que los políticos irlandeses y neozelandeses, con un despliegue de sabiduría, valentía y decencia, propician altos niveles de bienestar para su gente mediante el respeto de su derecho a la libertad económica, con igual ostentación de cobardía, estulticia y deshonestidad, muchos políticos latinoamericanos violan el derecho de sus ciudadanos a la libertad económica, condenándolos a la miseria y a otros males.

Los gobernantes costarricenses no han sido la excepción. En 1970, Costa Rica tuvo un ILE de 8,3. Sin embargo, la creciente intervención estatal hizo que este índice cayera a 5,6 durante 1980-1985. Desde entonces, se ha recuperado hasta alcanzar un índice de 7,3 en 1990 y 8,1 en 1997. En 1970, Costa Rica ocupó el puesto número 6, cayó al 47 en 1985 y mejoró subsecuentemente hasta ubicarse en el puesto 22 en 1997. Aunque no aparece en este informe, otros estudios indican que el país descendió entre 1997 y 1999.

La libertad económica en este país se ve disminuida porque el consumo del gobierno (17,2 porciento del PIB en 1997) no es compensado por los servicios obtenidos, aún persiste una alta tasa de crecimiento del dinero y de la inflación, las restricciones y regulaciones impiden el libre funcionamiento de bancos internacionales en el país, el arancel promedio de 11 porciento es muy alto y varios aranceles superan el 100 porciento, los procedimientos aduanales son engorrosos y costosos, en muchos mercados importantes los consumidores no pueden ejercer su derecho a la elección (el gobierno los tiene monopolizados) y los sistemas legal y judicial no son eficientes ni protegen adecuadamente la propiedad privada.

El crimen. Las evidencias son claras: los gobernantes que violan el derecho de sus ciudadanos a la libertad económica generan pobreza y hasta la muerte (reducen la calidad y la “cantidad” de vida -años hombre- de la población), y esto es adecuadamente cuantificable. Por ejemplo, durante 1978-82, el índice de libertad económica de Costa Rica bajó a 5,6 (en 1970 era de 8,1). Con los datos del estudio se puede hacer una proyección sobre las muertes generadas (la cantidad de años de vida perdidos en el tiempo) por ese grado de violación de la libertad económica. Por ejemplo, los doctores Guido Miranda y Luis del Valle concluyeron que durante la década de los noventa se perdieron 240 000 años de vida a causa de la violencia en Costa Rica. De la misma manera podemos estimar el número de años de vida perdidos a causa de la violación de la libertad económica.

El caso Pinochet sienta un buen precedente: los crímenes de los gobernantes no deben quedar impunes. Se debe juzgar a todas las autoridades que sacrifican a los ciudadanos por medio de la violación de su derecho humano a la libertad económica; solo que no se podrá acudir a jueces oficiales, como Baltasar Garzón, porque ellos forman parte de los que han de ser juzgados. Habrá que acudir a un tribunal privado y a un ente privado para ejecutar la sentencia. ¿Quién se apunta?

Rigoberto Stewart
(Perfiles del siglo XXI, n°86, septiembre del 2000)