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Las urgentes reformas económicas
Con el patrocinio de diversas organizaciones y la
participación de altas autoridades, tanto del gobierno saliente como el
entrante, la Academia de Centroamérica organizó durante el período
23-25 de abril un seminario sobre estabilidad y desarrollo económico en
Costa Rica y las reformas pendientes. Hay varios aspectos de ese evento y
de las reformas que quiero comentar.
Lo bueno. Hubo consenso en cuanto a la necesidad
de llevar a cabo reformas consideradas urgentes. ¿Cuáles son esas
reformas? Uno, profundizar la apertura comercial, eliminando las barreras
no arancelarias y reduciendo los aranceles a niveles bajos, muy bajos. El
consenso es de llegar a cero-cinco o cero-diez (insumos y bienes finales),
pero hubo quien valientemente sugiriera lo correcto que es cero-cero o
apertura total e unilateral. Dos, introducir elementos de competencia en
todas las actividades posibles. En este sentido se plantea desmonopolizar
los mercados de seguros, telefonía celular, hidrocarburos, entre otros.
Tres, conceder obras "públicas" como la construcción de
carreteras, puertos y aeropuertos a la empresa privada. Cuatro,
profundizar las reformas del sector financiero para modernizarlo. Cinco,
simplificar los tributos, hacer más eficiente su cobro y controlar el
gasto público. Además se reconoció que cuanto más grande es el Estado,
menos crece la economía y más se incrementa el número de pobres. Esta
conclusión es respaldada por un estudio reciente de Gwartney, Lawson y
Holcombe (The Size and Functions Of Government and Economic Growth,
JEC, Washington, D. C., abril 1988), el cual determinó que por cada 10
puntos porcentuales de incremento en el gasto público, el crecimiento del
PIB real se reduce en un punto porcentual. Según los investigadores, esto
es así porque primero se gasta dinero en funciones básicas del gobierno
que promueven el crecimiento económico )tales
como el cumplimiento de la ley y la función judicial)
y luego se gasta en actividades que deprimen el crecimiento económico,
tales como las numerosas transferencias.
Lo malo. Lo negativo fue la postura de los
representantes del sector industrial, los cuales pidieron mantener ciertos
subsidios y protección. Entre otras cosas, pedían una agresiva campaña
de promoción, por parte del gobierno, de sus exportaciones en el
exterior, una actividad que se pagaría a través de impuestos. Pero este
esquema golpea a los más pobres de varias maneras: primero, ellos
terminan entregando una proporción mayor de sus ingresos en la forma de
impuestos y, segundo, cuanto más suben los impuestos, menos crecimiento
se logra y menos prosperan ellos. Además, deben pagar más por los bienes
importados. Es hora de acabar con esta inmoralidad; los industriales deben
pasar de "infantes" a grandes y comportarse como tales. En este
sentido sería muy aceptable que los industriales le pidieran al gobierno
una reducción de impuestos y utilizaran el dinero para promocionar sus
productos en el exterior. Esto es de grandes, y además, saludable, mucho
más eficiente y moralmente correcto.
Lo omiso. Hubo omisión con respecto a las
funciones del Estado y cómo mejorar la entrega de ciertos servicios
públicos. Se dio por un hecho )como
se ha hecho siempre, sin mayor reflexión)
que el Estado debe asumir ciertas funciones, y en exclusiva, lo que
excluye, de entrada, la mejor (¿única?) solución del problema que
representa la mala entrega de los servicios públicos. Faltó recordar que
los servicios públicos son deficientes porque con los monopolios
estatales, de cualquier índole, no hay una relación de dependencia
directa entre el que vende el servicio y el usuario; el bienestar de todo
el personal de las empresas públicas depende únicamente de la clase
política. Es decir, hay problemas con los servicios que provee el Estado
porque faltan dos elementos del mercado que hacen que el bienestar de esos
trabajadores dependa única y exclusivamente de la calidad del servicio
que brindan a sus clientes: la competencia y el pago directo sólo por el
servicio demandado y recibido. En el esquema estatal de oferta de esos
servicios no hay competencia y el pago es obligatorio, vía impuestos, y
totalmente independiente del servicio entregado.
Según el tipo de servicio público de que se trate,
existen diferentes grados de dificultad para visualizar cómo se
introducirían esos dos indispensables elementos de mercado. A pesar de
que los seguros, la telefonía y la electricidad han estado exclusivamente
en manos del Estado, a los costarricenses ya no les resulta difícil
imaginar un mercado en el cual estos servicios son ofrecidos por empresas
privadas, compitiendo entre sí para lograr el patrocinio de los usuarios.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con los servicios que brinda la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Educación, a
pesar de la mala calidad de sus servicios y del costo que representa para
la sociedad. En estas áreas hay competencia, pero falta el segundo
elemento de mercado. Es obvio que si se logra que todos los empleados de
la CCSS dependan únicamente de los usuarios para su subsistencia, el
servicio mejorará de forma insospechable. ¿Cómo se logra esto? Haciendo
que la afiliación sea voluntaria; que los ciudadanos puedan ejercer su
legítimo derecho de afiliarse a otros servicios de salud si así lo
prefieren. Es lo moralmente correcto, pero no lo contempla el nuevo
jerarca de la CCSS. En el caso de la educación, se requiere que todos los
que ahora son empleados estatales, pagados a través de impuestos, pasen a
depender de los usuarios del servicio. Deben ser pagados por los usuarios
directamente y no de la forma indirecta actual, que es cara, ineficiente y
contraproducente. Tampoco se contempla esta reforma.
Hay un tercer grupo de servicios que, a pesar de que el
Estado siempre ha fallado en su entrega porque faltan los dos elementos de
mercado, a la población )incluyendo
a respetados intelectuales)
se le hace un mundo imaginar su provisión por el mercado libre,
condición sine que non para mejorar la entrega. Hablamos de la
protección policial y judicial.
La protección policial y los servicios judiciales.
¿Cómo se darían estos servicios en un mercado libre? Hay dos
modalidades: agencias policiales y judiciales privadas, o compañías de
seguros con su propia policía. Cada usuario )el
ciudadano común o el dueño de una tienda, edificio o casa)
contrataría el servicio con una agencia y pagaría cuotas mensuales como
paga el agua. El servicio sería variado, abarcando desde el tener
policías estacionados en los barrios y centros de comercio, o haciendo
rondas, hasta el sistema en el cual el cliente llama a su agencia policial
o compañía de seguros cuando lo necesite )ejemplo,
sospecha que alguien invadió su casa o negocio),
tal como se hace ahora con la policía de "todos". En el caso
judicial, como los servicios no serían requeridos con tanta frecuencia
como la protección policial, el individuo podría, en vez de hacer un
pago continuo, pagar sólo cuando requiera los servicios, a sabiendas
también de que el criminal o rompedor de contratos recompensaría a la
víctima. Según otra modalidad, las agencias policiales serían las que
contraten los servicios judiciales; incluso, podría haber servicios
integrados en los cuales las agencias proveen tanto el servicio policial
como el judicial. La Compañía Judicial Providencia podría tener una
división policial y otra judicial. Coexistirían en una misma región o
ciudad varias agencias policiales y de seguros, y ninguno querría perder
mercado por cobrar precios demasiado elevados. La competencia aseguraría
la eficiencia, bajos costos y alta calidad )totalmente
ausentes ahora.
Este planteamiento no es ni nuevo ni tan extraño.
Gustavo de Molinari, un economista liberal francés del siglo XIX, fue el
primero en la historia en considerar un mercado libre para la protección
policial. En la Isla Paraíso, Las Bahamas, desde que una compañía
privada se responsabilizó por el servicio de protección, la isla ha
tenido uno de los mejores récords del mundo en cuanto a la baja
incidencia de robos, violaciones y asaltos en una área turística. Se
estima que en Colombia, el 60% de la policía es pagada directamente por
los usuarios. En EEUU los gastos en protección privada alcanzan el 50% de
lo que gasta el Estado. En Costa Rica debe andar parecido. En cuanto al
servicio judicial, Murray Rothbard, un intelectual libertario de fuste,
escribió mucho sobre las cortes privadas en un mercado libre. Irlanda
prosperó por mil años con solo las cortes privadas de los brehons,
actuando en competencia. Además, el Código Procesal Penal, que entró en
vigencia el pasado primero de enero, contiene algunos elementos que
apuntan en esta dirección.
Rigoberto Stewart
(El Financiero, C.R., 11/5/98)
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