No hay duda de que los ticos constituimos una sociedad confundida, enmarañada, inconsistente, autodestructiva y frecuentemente mezquina e injusta. El affaire Intel lo comprueba. En este asunto, con ribetes de tragicomedia, se destacan dos bandos: un gobierno inconsistente, obsequioso con los extranjeros y las compañías transnacionales pero implacable y desdeñoso con los nacionales; especialmente los ciudadanos. El mismo gobierno que está llamado a velar por la supuesta igualdad ante la ley, subsidia tarifas eléctricas por cientos de miles de millones a compañías extranjeras pero no vacila en cortarle el servicio a cualquier ciudadano que se atrase con el pago de ¢1.000. Cierra negocios y atosiga a los ciudadanos sólo para sacarles impuestos que luego entrega a manos llenas y en forma gratuita a las transnacionales (ejemplo, CAT a los exportadores de piña). ¿Es esto lo mejor que podemos hacer, 500 años después?

El otro bando está compuesto por una representación del pueblo, intransigente con todo lo que involucra la empresa privada, en especial si se trata de compañías extranjeras. No sé si lo que alegan es justificado, pero me llama la atención nuestra inconsistencia. No nos unimos para exigirles a nuestros gobernantes que dejen de verter las agua negras, sin tratar, en los ríos. ¿Será que ello no afecta la salud? Tampoco lo hacemos para exigir carreteras y calles sin huecos asesinos. Además, toda Costa Rica es una especie de cloaca abierta; basura e inmundicias por doquier. Sin embargo, todo esto no importa, pero sí lo que supuestamente puede causar Intel. ¿Por qué será?

Tal como lo he señalado en esta misma página, lo correcto y justo sería que el gobierno trate a todos por igual, a nacionales y extranjeros; o sea, sin privilegios para ninguno. Sin subsidios ni sobreprecios. (Por cierto, don Danilo Arias, hasta los políticos ahora aceptan que el gobierno ha sido obsequioso con Intel). Por parte del pueblo, lo correcto sería que defendamos nuestros derechos con vigor, pero asumiendo responsabilidades. Una de estas responsabilidades es la obligación de saber cuáles son nuestros legítimos derechos y cuáles no; otra, es ser consistentes y consecuentes. Si vamos a exigir estudios de impacto ambiental y medidas correctivas, tenemos que hacerlo con todos: tanto la empresa nacional como internacional y, primordialmente, con el mismo gobierno. No debemos dejarnos guiar por la envidia, mezquindad, ignorancia y complejos. Así, seguiremos sumidos en el subdesarrollo y la miseria.

(La Nación, C.R., 28/10/97)