Un buen día, mi amigo Luis se dio cuenta de que en Europa pagaban buenos precios por varias especies de plantas ornamentales y flores tropicales y de inmediato hizo todo lo necesario para iniciar la producción y exportación de Heliconias. El negocio es bueno y él gana mucho dinero. Su esfuerzo ha sido aplaudido por el Gobierno, el cual, como muestra de su admiración y cariño, ha obligado a los demás costarricenses a donarle a mi amigo Luis el equivalente al 15% del valor de todo lo que él exporte. Ahora, él gana mucho más dinero y está contentísimo.

Otro buen día, mi amigo Santos, con base en su propia investigación, se dio cuenta de que el precio internacional del frijol sube una barbaridad durante un ciclo anual, y decidió producir específicamente para aprovechar una ventana de buenos precios que se abre en un país suramericano precisamente durante el mes en el cual el precio internacional llega a las nubes. Hizo todo los contactos y arreglos necesarios e invirtió en el proyecto. El negocio parecía bueno, pero cuando llegó con los frijoles al puerto, se encontró con que el día anterior un ministro, unilateral y antojadizamente, había prohibido la exportación. En este caso, su gestión empresarial y, sobre todo, sus agallas para arriesgar su dinero en una empresa que creó fuentes de trabajo, no fue avalado por el gurú de turno. Salado. Y yo que creía que mis dos amigos eran iguales ante la ley.

A raíz de la misma investigación de mi amigo Santos, la Asociación Iroquiana de Amas de Casa se dio cuenta de que podrían adquirir del exterior frijoles baratísimos durante la época del año en que los precios tocan fondo y, ejerciendo lo que creía que era su derecho, decidió importar una buena cantidad para el consumo de sus asociadas, durante el resto del año. Su sorpresa fue grande al darse cuenta, ya cuando los frijoles venían de camino, de que un ministro había decidido prohibir la importación del frijol, según él, para proteger a los productores nacionales, incluyendo a mi amigo Santos.

En estas historias encontramos cualquier cantidad de violaciones de derechos. Primero, al obligar a los demás costarricenses a enriquecer un poco más a mi amigo Luis, se viola su derecho a disponer de su dinero de la manera que mejor le convenga. Segundo, se viola el derecho de mi amigo Santos a hacer empresa, a exportar su producto; un derecho "garantizado" por los Artículos 28, 46 y 56 de la Constitución. Tercero, se viola el derecho de las amas de casa a defender su economía familiar. En un país supuestamente de derecho, en el cual hay más abogados que huecos en las calles, y que se precia de tener una Sala Constitucional y una Defensoría de los Habitantes, ¿cómo puede haber tantas violaciones de elementales derechos humanos? En estas materias, la respuesta de la Sala Constitucional ha sido el silencio, como ocurre con los recursos presentados contra el monopolio de RECOPE y el ahorro obligatorio. Y de la Defensoría de los Habitantes, mejor ni hablar, porque en materia de derechos de los ciudadanos anda más perdida que un cantante de reggae en una manifestación del Klu Klux Clan.

Es interesante notar, en los casos expuestos, cuáles habrían sido los resultados si los jerarcas no tuviesen la potestad de violar nuestros derechos. Mi amigo Luis no se hubiera enriquecido más a costas del hambre de otros ciudadanos; mi amigo Santos habría podido seguir contribuyendo con el desarrollo propio y del país, generando riquezas y fuentes de trabajo; y las amas de casa habrían podido respirar un poco mejor al tener que gastar menos en ese rubro alimenticio. En un país verdaderamente democrático, ¿es conveniente que un jerarca cualquiera tenga la potestad de violar derechos elementales de los ciudadanos, y tanta oportunidad de pasearse en todo? ¿Nos hemos detenido a pensar adónde nos conducirá tanta violencia estatal?