Según sus actuaciones, las manifestaciones oficiales y sus estatutos, el Consejo Nacional de Producción (CNP) se creó con los propósitos de: a) brindar, entre otras cosas, un "precio justo", tanto a productores como a consumidores de alimentos básicos, b) estabilizar los precios de estos productos, y c) proteger tanto a los consumidores de escasos recursos como a los pequeños productores de granos básicos de la explotación por parte de "comerciantes inescrupulosos".

Precio justo. Es difícil definir que es un precio justo, ya que es un término cargado de elementos subjetivos; para un productor, entre más elevado sea, más justo es; mientras que para el consumidor es todo lo contrario. Por eso, quizás, la definición de un colega gusta tanto. El dice que el "precio justo" es aquel que estarían dispuestos a pagar y a aceptar consumidores y productores bien informados y con toda libertad de actuar. Y esto no es, ni más ni menos, que el precio en un mercado libre de distorsiones. Ahora, veamos los objetivos en función de los hechos.

Precio estable. Un estudio realizado en 1989 demostró que, si bien es cierto que las acciones del CNP hicieron que los precios nacionales de granos básicos fueran más estables que los internacionales, también fue cierto que ni los consumidores ni los productores se beneficiaron perceptiblemente de esta estabilidad, excepto los grandes productores de arroz. Esto se debe, en gran medida, a que los consumidores costarricenses dedican a los granos básicos (arroz, maíz blanco y frijol) sólo una pequeña parte de su presupuesto alimentario y a que los productores de granos además de enfrentarse a precios con poca correlación entre sí, también se encuentran muy diversificados. La implicación de este resultado es que la existencia del CNP no se puede justificar con base en la función de estabilizar los precios de los granos.

Los otros objetivos. Para evaluar el cumplimiento de los otros objetivos y los costos incurridos en el proceso, quiero referirme a los resultados de un estudio reciente que se ocupó de los aspectos que se señalan a continuación.

Politica de precios. El estudio demostró que, durante los últimos cuarenta años, el gobierno fijó los precios nacionales de arroz, maíz blanco y maíz amarillo consistentemente por encima de los precios que hubieran prevalecido en un mercado sin intervención; o sea, los precios de frontera o costo de oportunidad al país. En el mercado del frijol, la política de precios fue todo lo contrario: el precio nacional fue sistemáticamente inferior al de frontera.

Transferencias a consumidores. El estudio demostró que, en cuanto a esos tres granos y a raíz de la intervención estatal, los consumidores perdieron en los mercados de arroz y maíz blanco, pero recibieron transferencias positivas en el del frijol. El balance neto fue de una pérdida promedio de ¢109 per cápita por año durante los últimos tres años agrícolas. También demostró que, aunque los consumidores menos pobres consumen más arroz y frijol y menos maíz blanco per cápita que los más pobres, no hubo mayores diferencias en la pérdida sufrida por cada uno de los consumidores en los diferentes estratos de ingresos de cada región.

Transferencias a los productores. El estudio demostró que los productores de arroz y maíz blanco recibieron importantes transferencias de ingresos a raíz de las políticas , mientras que los de frijol perdieron cantidades aún mayores. Los productores de arroz de las regiones Pacífico Central y Pacífico Norte ganaron, en promedio, unos ¢10,000 por hectárea por año, mientras que los productores de frijol de la región Huetar Norte perdieron alrededor de ¢11,000 por hectárea por año. Desde el punto de vista distributivo, el estudio demostró palmariamente que, en promedio, los productores de fincas pequeñas perdieron, mientras que los de fincas grandes ganaron a causa de las intervenciones del CNP. El grupo con fincas de entre 100 y 500 hectáreas ganó unos ¢400 millones y el de más de 500 hectáreas ganó unos ¢820 millones netos en tres años, mientras que el de 0-10 hectáreas perdió alrededor de ¢160 millones durante el mismo período. Estos resultados son diametralmente opuestos a los esperados, deseados o pregonados.

Transferencias regionales. El estudio también demostró que, durante el mismo período, ¢83 millones fueron transferidos de una región empobrecida, la Huetar Norte, a otras regiones relativamente más ricas, como la Meseta Central.

En resumen, las políticas de precios del CNP han castigado a los consumidores, en especial a los más pobres, beneficiado a los grandes productores de arroz y castigado severamente a los pequeños productores de frijol. Vemos entonces que, en cuanto a la protección del pequeño productor y al consumidor de escasos recursos, el CNP tiene un historial deplorable. Entonces ¿para qué sirve, de veras, el CNP?, ¿cómo se puede justificar su existencia? En un próximo artículo me referiré a algunos otros costos relacionados con el CNP y trataré de contestar estas preguntas.

(La Nación, C.R., 1991)

En un artículo anterior detallé algunos de los costos en que se ha incurrido, a raíz de la intervención gubernamental, en los mercados de granos básicos; en éste, permítanme terminar la historia. Además de los mercados de arroz, frijol y maíz blanco, el CNP también ha intervenido en el mercado del maíz amarillo, un insumo muy importante en la producción de pollo, huevos, cerdo, y en menor grado, leche. ¿Qué efectos ha tenido esta intervención? ¿Cuáles han sido sus costos?

Para responder a ésta pregunta y caracterizar en una forma más completa los efectos de la liberalización de todos los mercados de granos y de productos pecuarios, se desarrolló un modelo en el cual todos estos mercados están entrelazados. El modelo base para 1989/90 fue actualizado a una nueva base, correspondiente al promedio de los últimos cinco años (1985/86-1989/90), y utilizado como punto de referencia para varias simulaciones de política. La solución correspondiente a la liberalización total de los mercados de granos básicos pronosticó, entre otras cosas, que, en comparación con los promedios de 1985/86-1989/90:

i) la producción de carne de pollo, huevos, leche y cerdo aumentarían entre 5 y 13 por ciento; los precios al consumidor disminuirían entre 3 y 12 por ciento y el consumo aumentaría entre 5 y 13 por ciento;

ii) el ingreso de los productores de granos disminuiría en 17,5 por ciento o ¢413 millones; el ingreso de los productores pecuarios disminuiría en 5,1 por ciento o ¢360 millones; el poder adquisitivo real de los consumidores aumentaría en 6,2 por ciento o ¢1740 millones; y el bienestar social, en su conjunto, aumentaría en 2,7 por ciento o ¢967 millones.

El cambio en el bienestar de casi ¢1000 millones equivale al costo de la mala asignación de recursos que provocan las intervenciones en los mercados de granos básicos. Esta pérdida, sin embargo, es sólo parte del costo total en que incurre el país como consecuencia de las intervenciones del Gobierno. Al intervenir, fijando precios y ofreciendo subsidios a unos y a otros, el CNP incurre en gastos adicionales a los que demandan normalmente las labores de acopio, secado, transporte, almacenamiento, venta. Estos se estimaron en alrededor de ¢5800 millones por año; por tanto, el costo social total de la intervención actual es de alrededor de ¢6500 millones por año. Esto es sumamente costoso, especialmente cuando vemos que, como resultado de las intervenciones, el bienestar de los consumidores y el bienestar social se menguan en beneficio sólo de los grandes productores. Evidentemente, existe un gran despilfarro en el enfoque actual que, además de caro, perjudica al pequeño productor y a los consumidores pobres.

De todo esto se concluye que la existencia del CNP no se puede justificar con base en los objetivos de ofrecer un precio "justo" y estable o el de proteger o favorecer a los pequeños productores y consumidores pobres, y que la colectividad sólo se podría beneficiar de la no intervención en los mercados de granos básicos.

En cuanto a esto de la liberalización de los mercados, argumentarán, con o sin razón, que en aras de la justicia hay que ofrecer a la agricultura (llámese arroz) cierto grado de protección debido a que el sector industrial la recibe. Bien, esto se puede hacer imponiendo un arancel a la importación de arroz del 10 ó 15% y cobrándolo en los puertos. ¡No se necesita de todo un aparato estatal para esto!

Entonces ¿para que sirve el CNP? Queda un último objetivo, el de prevenir la formación de monopolios u oligopolios en el acopio y comercialización de los granos. Dudo mucho que en ausencia del CNP se den concentraciones de poder en el manejo de los granos u otras situaciones más perniciosas que las actuales. Sin embargo, aceptemos que aquí sí tiene una función defensible el CNP. El asunto es que para cumplir esta función, y sólo ésta, no necesita de ninguna ventaja sobre los actores privados; no requiere de subsidios directos ni indirectos del gobierno, ni ventajas en el crédito, y mucho menos de cualquier poder de tipo monopólico: sólo necesita actuar como un intermediario más, uno que sirve de contrapeso para mantener la armonía del sistema.

En consideración de todo lo anterior, propongo una alternativa de comercialización de los granos que, a mi juicio, eliminaría el despilfarro y le traería grandes beneficios al país. En este nuevo sistema:

A. Toda protección a los productores de granos se hace a través de aranceles y no de restricciones quantitativas. Hay un solo nivel de arancel para todos los granos, excepto maíz amarillo, por razones obvias, que no supera nunca el 30 por ciento.

B. Hay libre importación y exportación de los cuatro granos por cualquier persona o empresa, incluyendo al CNP, siempre que paguen los aranceles impuestos.

C. El CNP participa en la comercialización de estos granos con las cantidades necesarias para evitar monopolios u oligopolios en estos mercados; pero actua en completa igualdad de condiciones que sus colegas privados, y sin ningún subsidio del Estado.

Con este sistema se obtendría una reducción drástica del costo de intervención y del despilfarro de recursos; se beneficiaría enormemente a los consumidores, en especial a los pobres; se lograría mayor justicia en la distribución del ingreso, ya que el de los pequeños productores y el de zonas pobres, como la Huetar Norte, incrementarían considerablemente, y se eliminarían los costos de eficiencia a través de una mejor asignación de recursos.

RIGOBERTO STEWART