Intel Corporation, compañía líder en la fabricación de microprocesadores para computadoras, anunció recientemente su decisión de construir en Costa Rica una planta de procesamiento final y ensamblaje. La inversión es la más grande jamás realizada por empresa alguna en Costa Rica, entre US$300 y US$500 millones y generará 3.500 empleos, de los cuales 400 serían ingenieros. Muchos de ellos recibirán entrenamiento por Intel en Estados Unidos.

¿Por qué escogió a Costa Rica para construir su primera planta en América Latina? Las respuestas han sido variadas. Algunos dicen que se debe a la alta calificación de nuestra mano de obra, la estabilidad social del país, las favorables condiciones de vida y la cercanía a Norte América. Estoy seguro de que algunos de esos factores, aunque sobrevalorados, fueron tomados en cuenta. Igualmente, ha habido mucha especulación respecto a lo que significa la llegada de Intel.

El Presidente Figueres asegura que con esa inversión "podremos duplicar las exportaciones en 24 meses y ponerle motores a la economía para alcanzar crecimientos cercanos al 13% anual, únicamente logrados por los llamados tigres asiáticos". También insiste en que, por su fama mundial en el campo de los microprocesadores, Intel actuará como un imán que atraerá a otras empresas. Para el diputado Saúl Weisleder "significa un salto cualitativo en el modo de integración del país al mundo: pasar de exportar bienes que requieren tierras, clima y mano de obra barata, a bienes que se producen y comercializan con mano de obra educada y capacitada."

¿Hay razones para tanto optimismo? En parte, no. Toda inversión extranjera es bienvenida siempre que no implique costos ni requiera de "negociaciones" secretas. Intel negoció su llegada con el gobierno, lo que significa que no existe un conjunto de reglas igual para todos, nacionales o extranjeras. La necesidad de negociar "condiciones" es nefasta porque, por una parte, la empresa siempre estará sujeta a las ocurrencias del gobierno de turno, el cual podría cambiar las "condiciones" a su antojo y ya hay antecedentes en Costa Rica. Por otra, la empresa logró negociar una serie de privilegios que sus similares nacionales y los ciudadanos no tienen. Así Intel ingresará al país bajo el régimen de Zona Franca, lo que implica que operará como si no estuviera en Costa Rica: no pagará impuestos, ni aranceles y gozará de otros beneficios. Además, el gobierno le otorgó un nivel tarifario preferencial, mediante el cual el monopolio estatal le venderá el servicio eléctrico a un costo de US$0,05/Kw, a pesar de que el costo real es de US$0,069/Kw, situación que representará un subsidio anual de unos US$3,8 millones. El gobierno también desarrollará obras suplementarias que en el caso del suministro eléctrico costarán unos US$7,6 millones.

Hay dos aspectos que retratan de cuerpo entero a la dirigencia política latinoamericana. El primero es su actitud hacia la creación de empleo. El mismo gobierno que subsidia a Intel para crear empleo, es el que defiende el monopolio estatal en electricidad, telecomunicaciones, seguros, hidrocarburos, etc. A través de esos servicios deficientes, limitados y extremadamente caros (en telefonía hay un déficit de 70.000 líneas, las tarifas son hasta 60% más altas que en EUA, el derecho a una línea telefónica oscila entre US$500 y US$900, y tardan de dos a cinco años para instalarla), el gobierno impide la creación de miles de empleos y empobrece a la población. El segundo aspecto es esa actitud ambivalente con respecto a la inversión extranjera. Por una parte el gobierno celebra la llegada de Intel y le entrega toda suerte de privilegios; por otra, lucha ferozmente para evitar que empresas extranjeras inviertan en las actividades monopolizadas. Resulta obvio que la inversión extranjera en telecomunicaciones, por ejemplo, generaría riqueza y desarrollo, al mejorar la cantidad y calidad del servicio, liberando recursos estatales que serían mejor utilizados en mejorar la deteriorada infraestructura nacional.

En conclusión, habría sido preferible tener reglas claras, basadas en los derechos individuales y la igualdad ante la ley, en lugar de iniciar negociaciones cada vez que una compañía quiera operar aquí. Pero esto les quitaría protagonismo a los políticos y oportunidad para enriquecerse.

(AIPE, 25/1/97)