El Presidente Figueres ha hecho un gran esfuerzo para convertir a Costa Rica en un emporio de la alta tecnología. Primero invitó a Intel, compañía líder mundial en la fabricación de microprocesadores para computadoras, brindándole toda suerte de concesiones. Luego viajó a Miami para reunirse con Bill Gates, a Texas para atraer a otras compañías, y recientemente a Asia Oriental con el mismo propósito. Pero a pesar del fuerte coqueteo, invertir en la llamada Suiza Centroamericana se torna harto difícil. Y es que cualquiera que lo intenta, nacional o extranjero, con el beneplácito del gobierno de turno o sin él, enfrenta una maraña burocrática amparada por un marco legal que muchos califican como jurásico.

En Costa Rica las compañías están regidas por alrededor de 1330 leyes, decretos y reglamentos que datan desde 1930; lo que hace difícil el establecimiento de una empresa. Al respecto, el respetado columnista Julio Rodríguez escribió: "¿Quién puede resistir este agobio? Se necesitan 17 meses de andanzas burocráticas para instalar una industria en Costa Rica, lo cual comprende 71 trámites en más de 10 instituciones públicas y 50 departamentos, cada uno con requisitos propios --o inventados-- sin tener en cuenta las prebendas o mordidas que algunos exigen de manera sutil. ¿En qué consiste la sutileza? Pues, en el atraso. No es lo mismo decir "venga mañana o la próxima semana" y cumplir de plano que colocar los papeles en una torre de documentos y hacerse el tonto o pedir nuevos requisitos, hasta que el cliente se canse, se lance del primer puente que encuentre, lo mate la tensión o pague. "

Los ejemplos de compañías extranjeras que han sufrido por causa del marco jurídico-institucional abundan. A raíz de su incapacidad para regular los precios del gas licuado de petróleo que comercializan sólo dos empresas, y como parte de la política de atracción de inversiones, el gobierno invitó al país a la empresa francesa ELF, una de las petroleras más grandes del mundo, para que participe en el envasado y venta de dicho producto. Luego de dos años de enfrentar un calvario burocrático y tras realizar una inversión de US$4 millones, todavía en diciembre pasado la empresa no podía operar debido a que el Concejo Municipal no otorgaba la patente necesaria. Este gobierno local argumentó que primero debía haber una consulta comunal en las barriadas cercanas a la empresa. Una suerte similar ha corrido la empresa Intel, la cual aún enfrenta serios problemas con un gobierno local y un grupo de activistas.

La consecuencia lógica del exceso de trámites burocráticos es la corrupción. Como lo han señalado muchos, detrás de las trabas están los bandidos con corbata. Un estudio del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible señala que algunos funcionarios públicos que tramitan inspecciones de precios, rectificaciones de planillas, controles de salud y pago de impuestos suelen pedir sobornos y otras dádivas a las empresas. En otra parte señala: "Es escandalizante la complicidad de funcionarios públicos en hechos de corrupción. En el Registro Nacional y en varios ministerios se observan individuos que a viva voz, y ante la mirada de los empleados y agentes de seguridad, ofrecen "servicios" para acelerar trámites, con la promesa de evitar molestas filas, a cambio de una tarifa." Esta corrupción espanta los inversionistas extranjeros, y muchos han optado por no invertir en el país o por cerrar sus operaciones.

Otra consecuencia de las trabas burocráticas y del marco jurídico-institucional decadente es la informalidad. Muchos pequeños y medianos empresarios prefieren instalarse del lado de la industria informal; es decir, de los que no se registran ante las autoridades respectivas. Según un estudio realizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica, durante los últimos seis años, el 85% de las empresas que han nacido son informales. Durante ese lapso se instalaron 2 106 empresas informales y tan sólo 372 en el sector formal. Y de unas 11 164 empresas establecidas en el país, sólo 4 835 están a derecho; el restante, 6 329, operan "clandestinamente", en el sector informal.

Las cifras anteriores son reveladoras, puesto que esta magnitud de informalidad era considerada típica de México, Venezuela, Perú, Brasil y otros países centroamericanos; pero no de Costa Rica. Como bien lo ha señala el intelectual Mario Vargas Llosa: "Trabajar en la ilegalidad conlleva altos riesgos, (..) significa una permanente inestabilidad para los negocios, lo que impide planear operaciones a mediano y largo plazo, y abrirse un flanco al chantaje de policías y otras autoridades corruptas. Pero, sobre todo, implica cerrarse el acceso a los créditos y demás servicios del sistema financiero, al que sólo abre las puertas la legalidad."

Hace poco menos de un año conformó una comisión de alto nivel que "buscaría la forma de reducir los trámites en todas aquellas instituciones públicas que tengan relación con los sectores productivos". Hasta ahora, todo sigue igual. Y lo que es aún más grave, el tema no ha sido discutido durante la campaña electoral que culmina el 1 de febrero de 1998. El futuro de Costa Rica no es nada halagador.

(AIPE, 29/1/98)