La profunda crisis de 1980-82 marcó el fin de uno de los períodos de mayor bonanza de la reciente historia económica y política de Costa Rica, y expuso los defectos del modelo económico que imperó durante los treinta años previos. Dicho modelo contenía al menos tres elementos contrarios al desarrollo económico en el largo plazo: un creciente intervencionismo estatal, tanto en el rol de empresario como en el de regulador; un proteccionismo exacerbado, y un endeudamiento público explosivo. Este ensayo se concentrará en el primer elemento.

El Artículo 50 de la Constitución Política de 1949 señala que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Al amparo de éste artículo, el estado asumió un papel creciente en la economía. Nacionalizó la banca y, entre otros, monopolizó las telecomunicaciones, la generación de electricidad, la refinación y distribución de hidrocarburos y los seguros. Además, se encargó de la inversión en infraestructura básica (red vial, escuelas, centros de salud, puertos, aeropuertos), e intervino fuertemente en educación, salud, comercialización de productos básicos y la construcción de viviendas.

En la década de 1970, el gobierno se entusiasmó con la utopía social-demócrata de los grandes desarrollos orquestados por el estado y, además de nacionalizar el ferrocarril al Atlántico, creó la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), la cual, por medio de numerosas empresas subsidiarias, abarcó una gran variedad de actividades, desde la producción de azúcar, chocolate y fertilizantes, hasta el procesamiento de aluminio y atunes. En 1984, la Corporación utilizó un 18 por ciento del crédito interno, correspondiente a más del 50 por ciento del crédito total asignado al sector público. Como resultado de este protagonismo, el estado pasó de emplear sólo el 6,1 por ciento de los trabajadores en 1950 a ser el patrono del 20 por ciento en 1985.

En los años 80 sufrimos una verdadera debacle. La mayoría de las empresas de CODESA quebraron y el país no pudo honrar su deuda externa. Durante 1980-82, la inflación acumulada llegó al 145 por ciento, el producto interno bruto (PIB) y el consumo privado descendieron en más del 15 por ciento; la tasa de desempleo se duplicó; los salarios reales decrecieron un 39 por ciento, y las familias pobres pasaron del 27 por ciento al 48 por ciento del total. El modelo estaba agotado. Para corregir la situación, sólo quedaba reformar, replantear el modelo económico. Sin embargo, el proceso de reforma que se inició en 1983-84 con los programas de estabilización y continuó con los de ajuste estructural, casi no tocó al estado. Sólo se vendieron las empresas de CODESA que aún eran viables y se ensayó una movilidad laboral que fracasó, porque cada nuevo gobierno contrataba más empleados públicos que los que el anterior había "movilizado".

Mientras la mayor parte de los países latinoamericanos reformaron agresivamente al estado, Costa Rica, por el contrario, afianzó y amplió el viejo modelo estatal. Por ejemplo, en 1990 se obligó al único operador privado de telefonía celular a cesar sus operaciones y se transfirió esa actividad al monopolio estatal; en 1991, la Asamblea Legislativa ratificó el monopolio de RECOPE en la refinación y distribución de hidrocarburos. En consecuencia, el estado aún mantiene monopolizados los servicios en las áreas de telecomunicaciones, electricidad, seguros, y procesamiento y distribución de hidrocarburos; además de la operación de puertos, aeropuertos y ferrocarriles e inclusive la fabricación de licores. Su tamaño continúa siendo gigantesco. En 1997, el presupuesto ordinario del sector público consolidado ---una vez eliminadas las transferencias y los fondos privados manejados por el sector financiero--- representó cerca del 50 por ciento del PIB.

Perspectivas de reforma. Ante tan oscuro panorama, ¿cuáles son las perspectivas de reforma? A pesar de que el presidente Miguel A. Rodríguez posee amplia formación y trayectoria liberal, las perspectivas de avance son poco alentadoras. La posición de los numerosos grupos opositores al cambio ha variado muy poco desde que se inició el proceso de reforma. El más importante de ellos, el partido Liberación Nacional, de profundas raíces socialistas, sigue aferrado a sus dogmas. Además, el Presidente no cuenta con el respaldo de su partido (social-cristiano) para llevar a cabo reformas sustanciales, ni ha tenido el entusiasmo necesario para salir a venderlas al público.

De acuerdo con el proceso de concertación iniciado por el Ejecutivo en el mes de junio, éstas son las expectativas: se espera, aunque con cierta dilación, la apertura del mercado de seguros y de telefonía celular. No se vislumbra mayor avance con las privatizaciones: se venderán como máximo dos de los cuatro bancos del estado, la fábrica de licores y parte del Instituto Nacional de Seguros; nada más. Por otra parte, no existen buenos auspicios para una verdadera reforma tributaria, ni para la solución del problema que representa la agobiante y creciente deuda pública.

En síntesis, todo parece indicar que Costa Rica se hundirá bajo el peso de un estado paquidérmico que se resiste a ser reformado.

(AIPE, 15/10/98)