Desde Rodrigo Carazo (1978-82), en Costa Rica no sufríamos de tanta ineptitud en el Palacio Presidencial. El presidente José María Figueres no ha sabido enfrentar el problema de la deuda interna. A principios de 1996, su gobierno reconoció la seriedad del problema de la deuda interna, pues sólo el pago de intereses para el año pasado absorbía 36% del presupuesto nacional. Ante la alarma generalizada, el presidente Figueres conformó una comisión de alto nivel, encabezada por el Dr. Eduardo Lizano, prominente economista, dos veces presidente del Banco Central; convocó a los otros seis expresidentes que aún viven, y citó a la sociedad civil (sindicatos, colegios profesionales, partido políticos, profesores, campesinos) a una encerrona de dos días. Como resultado obtuvo numerosas y muy variadas propuestas, las cuales abarcaron aspectos administrativos, medidas para incrementar los ingresos y contener los gastos, otras para reducir el saldo de la deuda , y una estrategia financiera para manejarla. Después del análisis de la vasta información recabada, en diciembre Figueres informó al país sobre las medidas que iba a tomar para solucionar tan angustiante problema. Su propuesta, en esencia, recogió todas las medidas fáciles e inconvenientes, mientras que eludía las difíciles y convenientes para el país. Del sinnúmero de medidas contempladas, quiero referirme a tres: la venta de activos del Estado, el límite constitucional al déficit fiscal, y los impuestos.

Venta de Activos

A pesar de ser un tema polémico en Costa Rica, tanto los expresidentes como la Comisión reconocieron que no se puede solucionar satisfactoriamente el problema de una deuda interna que supera el 50% del PIB sin recurrir a la venta de activos del Estado. Sin embargo, asumiendo poses populistas, ni el Presidente ni los precandidatos presidenciales de los dos partidos mayoritarios respaldan la venta de los activos más valiosos: las empresas de servicios de telecomunicaciones y electricidad, las refinadoras de combustibles y las empresas aseguradoras. Todos son monopolios estatales. Dentro del paquete de leyes que Figueres envió al Congreso con urgencia no se encuentra la venta de ningún activo estatal.

Además de obtener recursos para cancelar la deuda, hay otras razones por las cuales se deben vender dichos activos. La Comisión reconoció que una de ellas es la mejoría en cuanto a calidad y cantidad de los servicios. El Movimiento Libertario, partido político emergente, agrega el imperativo moral. Señala que es inmoral que el Estado regule una actividad y participe a la vez en ella como empresario. Indica además que con monopolizar esos mercados, el Estado viola el derecho de los ciudadanos a participar como oferentes en cualquier actividad, y el de tener opciones como consumidores.

Fue ampliamente reconocido por los diferentes grupos que el problema de la deuda tampoco se puede solucionar sin limitar el posible endeudamiento de futuros gobiernos. Sin embargo, sólo Jorge Guardia, expresidente del Banco Central, Thelmo Vargas, exministro de Hacienda, han señalado que la limitación constitucional ha de ser cero endeudamiento, cero déficit fiscal. Todos los demás, incluyendo el Presidente Figueres, sugieren limitar el déficit al 1% del PIB, a sabiendas de que con ello se abre una puerta para que el déficit llegue a ser lo que quieran los gobernantes.

En la práctica, el plan del presidente Figueres esencialmente implica más endeudamiento y una escalada de impuestos de todo tipo. En febrero de 1997 envió al Congreso cinco proyectos de ley para lograr que algunas instituciones del Estado paguen impuestos sobre la renta, elevar los impuestos sobre la propiedad de los vehículos de lujo, emitir títulos valores por US$2 millones para sustituir parte de la deuda, condonar la deuda que tiene el Estado con varios entes del Estado mismo y mantener el impuesto sobre ventas en 15% en lugar de bajar a 13% como estaba proyectado. Previo a esto, había elevado el impuesto sobre los combustibles. Esta escalada de impuestos no va a solucionar el problema, sólo va a estrangular más la economía, incrementar el desempleo, el estancamiento y la inflación.

(AIPE, 21/3/97)