El 27 de octubre de 1996 marcó un hito en la historia
de la banca y del sistema financiero costarricense. Después de 48 años,
en esa fecha se nos permitió a los costarricenses tener una cuenta
corriente, de depósitos a la vista, en bancos privados, y a estas
instituciones financieras se les dio acceso al redescuento en el Banco
Central.
La Junta Fundadora de la Segunda República
nacionalizó los bancos en 1948, después de ganar la revolución. Parece
que bancos privados le habían negado créditos al gobierno, que no tenía
como pagarlos. El decreto de nacionalización señala, sin embargo, otras
dos razones: funcionarios del gobierno acusaron a los bancos privados de
generar utilidades exorbitantes y el gobierno consideraba que los
depósitos en cuenta corriente eran patrimonio nacional y, por lo tanto,
no debían estar en manos privadas y menos extranjeras.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la
nacionalización bancaria? Varios estudios realizados por distinguidos
economistas señalan que en Costa Rica se observó un satisfactorio
proceso de profundización financiera durante los primeros 30 años de la
nacionalización bancaria (1948-78). Esto se debió, en parte, a que hubo
un elevado grado de acceso al crédito en comparación con otros países.
En particular, las Juntas Rurales de Crédito Agrícola fueron un
mecanismo eficaz para brindarle crédito a muchos productores
agropecuarios.
A pesar de ese hecho positivos, la nacionalización
bancaria fue un desastre. El monopsonio en el mercado de depósitos y el
monopolio en el mercado de ciertos créditos, se tradujo en una baja
calidad del servicio prestado al ahorrante, y en altísimos costos de
transacción para los demás clientes. En particular, el crédito
(supuestamente barato) resultó ser muy caro. Un estudio efectuado en 1983
estimó que los costos de transacción le agregaron casi 12 puntos a la
tasa de interés oficial de 14%. De esta forma, la nacionalización
bancaria impidió el acceso de muchos pequeños productores al mercado
financiero formal.
También, la ingerencia política, las presiones de
grupos de interés y las acciones de los poderosos sindicatos
contribuyeron a la descapitalización de los bancos, a través de tasas de
rendimiento negativas. En términos reales, entre 1966 y 1976 el capital
de los bancos se redujo en 54 por ciento. Entre 1976 y 1983 tuvo lugar una
pérdida adicional del 57 por ciento del patrimonio, aun antes de incluir
las reservas por malos créditos. Esto obligó a recapitalizar los bancos
en varias ocasiones, a través de nuevos impuestos.
Los últimos cuatro años se han caracterizado por
escándalos financieros. El público se enteró de la "piñata"
de los políticos con los fondos de los bancos estatales. Este manejo
causó la quiebra y el cierre, en 1994, del banco estatal mas antiguo, el
Banco Anglo Costarricense. En parte quiebra se debió a una inversión
especulativa de US$100 millones en deuda pública venezolana. Estos bonos
nunca aparecieron. Lo paradójico es que nadie se preocupó en averiguar
cómo, si los recursos de la banca nacionalizada eran para el desarrollo
nacional, se invertían en esos fondos en bonos extranjeros.
Con la desnacionalización de las cuentas corrientes,
los costarricenses han revivido la ilusión de contar con un sistema
financiero moderno. Pero, la desnacionalización no ha sido total. La ley
exige a los bancos privados la colocación en la banca estatal de no menos
del 17% de sus captaciones de menos de 30 días, que instalen al menos
cuatro agencias en la región central y presten un mínimo del 10% de sus
depósitos a sectores señalados por el gobierno, a una tasa de interés
que no puede superar la tasa básica pasiva, es decir, a pérdida. Estas
restricciones implican que los políticos continuarán manejando muchos
recursos a su discreción, y, por consiguiente, los costarricenses
seguiremos cargando con tasas de intermediación financiera exageradamente
elevadas, lo cual reduce nuestra capacidad de competir con el resto del
mundo
En definitiva, por la impudicia de los políticos,
Costa Rica seguirá con un sistema financiero anacrónico, impropio de la
globalización e inadecuado para los retos a enfrentar.
Rigoberto Stewart
(AIPE, 21/11/96)