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Costa Rica: Desnacionalización bancaria

El 27 de octubre de 1996 marcó un hito en la historia de la banca y del sistema financiero costarricense. Después de 48 años, en esa fecha se nos permitió a los costarricenses tener una cuenta corriente, de depósitos a la vista, en bancos privados, y a estas instituciones financieras se les dio acceso al redescuento en el Banco Central.

La Junta Fundadora de la Segunda República nacionalizó los bancos en 1948, después de ganar la revolución. Parece que bancos privados le habían negado créditos al gobierno, que no tenía como pagarlos. El decreto de nacionalización señala, sin embargo, otras dos razones: funcionarios del gobierno acusaron a los bancos privados de generar utilidades exorbitantes y el gobierno consideraba que los depósitos en cuenta corriente eran patrimonio nacional y, por lo tanto, no debían estar en manos privadas y menos extranjeras.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la nacionalización bancaria? Varios estudios realizados por distinguidos economistas señalan que en Costa Rica se observó un satisfactorio proceso de profundización financiera durante los primeros 30 años de la nacionalización bancaria (1948-78). Esto se debió, en parte, a que hubo un elevado grado de acceso al crédito en comparación con otros países. En particular, las Juntas Rurales de Crédito Agrícola fueron un mecanismo eficaz para brindarle crédito a muchos productores agropecuarios.

A pesar de ese hecho positivos, la nacionalización bancaria fue un desastre. El monopsonio en el mercado de depósitos y el monopolio en el mercado de ciertos créditos, se tradujo en una baja calidad del servicio prestado al ahorrante, y en altísimos costos de transacción para los demás clientes. En particular, el crédito (supuestamente barato) resultó ser muy caro. Un estudio efectuado en 1983 estimó que los costos de transacción le agregaron casi 12 puntos a la tasa de interés oficial de 14%. De esta forma, la nacionalización bancaria impidió el acceso de muchos pequeños productores al mercado financiero formal.

También, la ingerencia política, las presiones de grupos de interés y las acciones de los poderosos sindicatos contribuyeron a la descapitalización de los bancos, a través de tasas de rendimiento negativas. En términos reales, entre 1966 y 1976 el capital de los bancos se redujo en 54 por ciento. Entre 1976 y 1983 tuvo lugar una pérdida adicional del 57 por ciento del patrimonio, aun antes de incluir las reservas por malos créditos. Esto obligó a recapitalizar los bancos en varias ocasiones, a través de nuevos impuestos.

Los últimos cuatro años se han caracterizado por escándalos financieros. El público se enteró de la "piñata" de los políticos con los fondos de los bancos estatales. Este manejo causó la quiebra y el cierre, en 1994, del banco estatal mas antiguo, el Banco Anglo Costarricense. En parte quiebra se debió a una inversión especulativa de US$100 millones en deuda pública venezolana. Estos bonos nunca aparecieron. Lo paradójico es que nadie se preocupó en averiguar cómo, si los recursos de la banca nacionalizada eran para el desarrollo nacional, se invertían en esos fondos en bonos extranjeros.

Con la desnacionalización de las cuentas corrientes, los costarricenses han revivido la ilusión de contar con un sistema financiero moderno. Pero, la desnacionalización no ha sido total. La ley exige a los bancos privados la colocación en la banca estatal de no menos del 17% de sus captaciones de menos de 30 días, que instalen al menos cuatro agencias en la región central y presten un mínimo del 10% de sus depósitos a sectores señalados por el gobierno, a una tasa de interés que no puede superar la tasa básica pasiva, es decir, a pérdida. Estas restricciones implican que los políticos continuarán manejando muchos recursos a su discreción, y, por consiguiente, los costarricenses seguiremos cargando con tasas de intermediación financiera exageradamente elevadas, lo cual reduce nuestra capacidad de competir con el resto del mundo

En definitiva, por la impudicia de los políticos, Costa Rica seguirá con un sistema financiero anacrónico, impropio de la globalización e inadecuado para los retos a enfrentar.

Rigoberto Stewart

(AIPE, 21/11/96)

 

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