En Costa Rica existen dos sistemas de pensiones: uno que abarca una serie de regímenes especiales financiados a través del presupuesto nacional, y uno que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conocido como el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Los dos están totalmente quebrados, porque no siguen los principios fundamentales de un manejo financiero sólido sino que son mecanismos de transferencia de fondos desde el grueso de la población a varios grupos favorecidos.

El Sistema Especial cubre a los beneméritos de la patria, expresidentes, víctimas de guerra, empleados de correos y telégrafos, Ministerio de Hacienda, magisterio, obras públicas, registro público, ferrocarril, etc.

Como no es un verdadero régimen de pensiones, no existe relación entre las cotizaciones y los beneficios que reciben los pensionados. Según una ley de mediados de los 1980, los diputados pueden acogerse pensiones bajo el régimen del magisterio nacional con los salarios de diputados, aunque hayan cotizado como maestros rurales o trabajadores agrícolas. Esta es una de las razones por las cuales los ciudadanos se matan para ocupar una curul legislativa. En uno de los subregímenes del Ministerio de Hacienda, los trabajadores no pagan nada durante toda su vida laboral, sino que, a manera de cuota, se les hace una deducción de alrededor del 10 porciento de lo que reciben como pensión. De ahí que el 90 porciento del alto monto percibido constituye un regalo de la sociedad. Así fue como este sistema absorbió el 13,5 porciento del presupuesto nacional en 1996 y es financiado con deuda interna.

A pesar de que el problema es alarmante y el sistema, insostenible, se ha hecho muy poco para solucionarlo. El gobierno anterior redujo algunos beneficios de los maestros, elevó la edad para el retiro y les ofreció la opción de traslado para el régimen de la CCSS. El actual gobierno creó, el 24 de marzo, el Consejo Directivo de Pensiones, el cual, según el decreto ejecutivo, opinará sobre las iniciativas legislativas que pretenden modificar los regímenes de pensiones, inyectará eficiencia en los servicios de la actual Dirección Nacional de Pensiones (DNP) y velará que los beneficiarios disfruten de su derecho en forma oportuna y continua. Esta claro que han obviado lo esencial y enfocado lo accesorio.

El Sistema de la CCSS abarca a todos los demás trabajadores y se nutre de las cotizaciones de obrero-patronales. Está a punto de colapsar por el mal manejo de los fondos. Por una parte, el Estado como patrono no paga su aporte y los patronos privados mantienen una deuda importante. Por otra, los fondos que sí llegan han sido desviados a otros usos. Una parte importante es transferida al Estado por medio de la compra de bonos (el Estado le debe unos US$520 millones), otra es utilizada para financiar otros servicios de la CCSS, y se han destinado fondos a préstamos para vivienda con intereses reales negativos, por debajo de la inflación.

Como solución para el problema, la CCSS dispuso elevar la edad para pensionarse de 60 a 65 años. Esto causó una enérgica reacción de la sociedad, y la institución se vio forzada a promover un Foro Nacional entre los sectores organizados, sobre reformas al régimen. Del foro salieron 18 propuestas diferentes que abarcan medidas que van desde permitir que las mujeres se retiren a una edad más temprana, hasta la elevación de la competitividad laboral y el desarrollo de un sistema de pensiones complementarias. Nuevamente fallaron en atacar las raíces del problema.

En conclusión, los dos sistemas y sus múltiples regímenes están a punto de colapsar. Y los gobernantes no dan en el blanco porque no hay voluntad política para ponerle freno al saqueo del que están siendo objeto los ciudadanos. Al paso que van, la edad de retiro se tendrá que situar en 80 años. Si llega a 90 años, el sistema será totalmente sostenible porque la mayoría se habrá muerto antes de cobrar pensión alguna.

(AIPE, 30/4/97)