El 30 de setiembre, la Asamblea General de Nicaragua autorizó al presidente Alemán para detener y bloquear el transporte comercial marítimo y terrestre procedente de Costa Rica cuando lo considere oportuno. El propósito de esta autorización era "para demostrar al Gobierno costarricense que nosotros también tenemos capacidad de presión", dijo el legislador Enrique Sánchez Herdocia. ¿Qué motivó tan visceral reacción de los legisladores nicaragüenses? Según la prensa de ese país, fueron declaraciones del presidente costarricense, Miguel A. Rodríguez, y del embajador de Costa Rica en Nicaragua, Edgar Ugalde, que dejaron entrever que Costa Rica quiere cobrarle a Nicaragua por los servicios de salud y educación que los nicaragüenses residentes en ese país reciben gratuitamente. Además, parece que Costa Rica también está presionando a su vecino del norte por el pago de una deuda externa estimada en unos US$475 millones.

Con respecto a la exigencia de pago por servicios, existen dos versiones. Tanto el presidente Rodríguez como el embajador Ugalde declararon posteriormente que lo que ellos dijeron es que los nicaragüenses que viven en Costa Rica deben cotizar los servicios del seguro social y, supongo, pagar por la educación. En realidad no importa cual de las dos versiones es la verdad, porque en ambos casos el problema surge del nefasto colectivismo imperante en los dos países. Veamos. En el primero, si los ciudadanos nicaragüenses pagan impuestos a su gobierno y éste, a su vez, paga por los servicios sociales que reciben algunos de sus ciudadanos radicados en el vecino país, la implicación es que un individuo en Nicaragua estaría pagando por servicios que otras personas, desconocidas para él, obtienen en Costa Rica. Esto es algo así como obligarme a pagar por los tragos que un tico cualquiera se toma en Miami. Un absurdo del colectivismo.

Analicemos el segundo caso, donde lo único que quieren los oficiales ticos es que los nicas paguen por los servicios de salud y educación que reciben en Costa Rica. Si en este último país dichos servicios fueran privados, cada individuo pagaría por la cantidad demandada y recibida, independientemente de su nacionalidad, y no habría ningún problema. Pero los políticos colectivizaron el servicio. Todo ciudadano-trabajador debe contribuir obligatoriamente para sufragar los gastos que generan esos servicios, por lo que no existe una relación entre oferta y demanda. Esta desgracia, sin embargo, no explica por qué los trabajadores de origen nicaragüense no pagan. Aparentemente la mayoría de esos individuos no contribuye al régimen de salud porque, como son ilegales, los empleadores deben contratarlos solapadamente, por lo que no aparecen en planillas y, por consiguiente, no contribuyen al seguro social ni pagan ciertos impuestos. El causante del problema es el gobierno costarricense, por tratarlos como ilegales. Si la migración fuera libre, el problema no existiría.

Una de las reacciones del presidente Alemán a las opiniones vertidas por Rodríguez fue declarar que decenas de miles de nicaragüenses son explotados en Costa Rica y anunció el pronto regreso de estos para que se incorporen a las labores productivas en su país natal. No cabe duda de que por ser "ilegales" muchos empresarios les pagan menos de lo que le pagarían a un tico; tampoco cubren los servicios sociales. Pero aún así estas infortunadas personas están mejor que en Nicaragua, de otra manera no emigrarían o al menos retornarían de inmediato. Pero como no lo hacen, no queda más que concluir que en Nicaragua es donde son más explotados. Y digo "más" porque los dos gobiernos (las dos clases políticas) explotan a sus súbditos. El gobierno de Costa Rica explota a los trabajadores, robándoles parte de sus pensiones y sus ahorros obligatorios, obligándolos a pagar por subsidios a los exportadores y a pagar el doble por la leche y otros alimentos. Y como no hay distinción por nacionalidad, también explota a los de origen nicaragüense.

La acción de los parlamentarios y las declaraciones del presidente Alemán tienen otra razón de ser: crear una cortina de humo. Al respecto, un influyente político costarricense declaró: "Cada vez que el pueblo empieza a percibir que sus gobernantes son un atajo de delincuentes, entonces el Gobierno enfila sus baterías contra Costa Rica y logra levantar niveles de nacionalismo nica para distraer la atención de la gran problemática que tienen." Esto fue exactamente lo que hizo el señor Alemán cuando creó el conflicto en el río San Juan el pasado 15 de julio.

Sea como sea, el conflicto es netamente entre las dos clases políticas. El problema es que cuando están de acuerdo, el pueblo se convierte en el pato de la fiesta, y cuando se pelean, como ahora, también. A nivel individual siempre han existido valiosos nexos humanos entre costarricenses y nicaragüenses, cosa que no cambiará, por más que los políticos traten.

Rigoberto Stewart
(AIPE,, 23/10/98)