El reciente tratado comercial entre Costa Rica y Chile, comúnmente
llamado de libre comercio (TLC) es en realidad un tratado de
restricción al comercio. Este acuerdo ha suscitado fuertes reacciones
negativas en el sector productivo, especialmente el agropecuario, el
cual aduce que es inconveniente para el país. La conveniencia para el
país (es decir, para todos, tanto productores como consumidores) debe
ser evaluada en base a dos aspectos: el económico y el moral.
En lo que respecta al comercio internacional y sus ventajas, la
teoría económica señala que los habitantes (nótese que no se limita
a los productores) de dos países pueden incrementar su nivel de
bienestar (a través del consumo) si en lugar de producir todo, cada uno
se especializa en aquellos bienes que puede producir con ventaja
comparativa, y luego intercambian.
El tratado de marras contiene dos violaciones de este principio que
lo convierten en un adefesio. Primero, cada país (es extraño que el
comercio se lleve a cabo entre países y no entre empresas e individuos)
declara como “sensibles” varios rubros que no produce con ventaja
comparativa, y los excluye de la negociación. Costa Rica excluyó
telecomunicaciones, pollo, cerdo, leche, entre otros. Chile excluyó
trigo, aceites, azúcar, cebolla, papa. Costa Rica tiene ventaja
comparativa en la producción de maderas tropicales; Chile, en pino. Sin
embargo, se excluyeron los productos forestales del TLC.
Paradójicamente, cada país excluye bienes que el otro produce con
ventaja. Como que nuestros ilustres negociadores entendieron la teoría
al revés. En estas condiciones las ganancias del tratado son mínimas y
el bienestar de la población apenas se incrementa.
Segundo, los representantes negocian plazos de desgravación
asimétricos y ridículos, donde el negociador más “hábil” es
aquel que logre los plazos más largos, es decir, aquel que postergue
por más tiempo los beneficios a la población. ¿Viveza criolla? En
vista de que Costa Rica logró que la mayoría de los productos de Chile
entren sin gravámenes sólo después de 12 y 16 años, la viceministra
Anabel González, y el negociador Roberto Echandi, manifestaron que “a
su juicio son las condiciones más favorables que el país haya tenido
nunca en cualquier otro tratado. Qué barbaridad. Equiparan al país con
un puñado de productores e industriales. Qué difícil es hacerles
entender que los consumidores son seres humanos y que forman parte del
país! La condición más favorable para el país sería la
desgravación total e inmediata porque, además de los productores, en
el país viven más de 3,8 millones de consumidores, los cuales verían
un incremento inmediato en su bienestar. El beneficio para la sociedad
como un todo (el país) sería tan grande que se podrían idear formas
de compartir esas ganancias con el sector productivo. Las medidas
concretas son bien conocidas.
Desde el punto de vista del respeto a los derechos del ciudadano, el
tratado es también un esperpento. El libre intercambio de bienes y
servicios entre individuos es un derecho humano vital para su bienestar
y no debería ser coartado por ningún gobierno. El TLC es inmoral
porque coarta dicha libertad. Pero ahí no termina el asunto. Es
doblemente inmoral porque en un país donde se dice que “todos somos
iguales ante la ley” se hacen diferencias grotescas. Con el TLC, los
productores de ciertos rubros pueden exportar a Chile, sin
restricciones, pero los consumidores tendrán que esperar 12 y 16 años
para ejercer su derecho.
Quizá la expresión más clara de la inmoralidad comercial se
encuentra en la actitud de los lecheros. La postura de la empresa
industrial que los agrupa varía según el mercado en que opera. En
Costa Rica, donde es productora, se opone al TLC con Chile y lucha por
mantener el arancel a los lácteos por encima del 100 por ciento. En
Panamá, donde es importadora neta, lucha por que los aranceles no se
incrementen por encima del 40 por ciento. Los lecheros quieren abarcar
todos los mercados posibles, pero no permiten que los costarricenses
tengamos acceso a lácteos más baratos. Y para ello cuentan con el
apoyo del gobierno.
En conclusión, además de constituir una ofensa a la
inteligencia y la moral, este tratado de restricción al comercio
representa otra oportunidad malograda. ¿Hasta cuándo seguiremos
desperdiciando las oportunidades en América Latina?
Rigoberto Stewart
AIPE,
29/11/99
