El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Raúl
Arango, anunció recientemente que su país tomaría represalias si El
Salvador prohíbe la libre importación del queso amarillo panameño; con
lo cual violaría el tratado bilateral firmado por ambos países. Por otra
parte, durante las consultas que debió realizar Panamá como parte del
proceso que culminaría con su incorporación en la OMC, este país se
opuso ferozmente a que Costa Rica exportara a su mercado 5 millones de
litros de leche de larga vida UHT, así como de leche pasteurizada y
descremada; y logró, mediante arduas negociaciones, que se impusiera una
cuota de 2.600 tm de leche de todo tipo (la cual incluía sólo 108 mil
litros de leche UHT) a un arancel preferencial del 15%. Cualquier cantidad
por encima de esta cuota pagará un arancel del 90%, el cual bajará al
60% dentro de los siguientes nueve años. Costa Rica, por su parte, se
peleó con Nueva Zelandia durante sus propias consultas para ingresar en
la OMC, y consiguió un arancel del 111% para la leche, con el propósito
de "proteger" su mercado.
Este pequeño recuento sirve para resaltar un aspecto
muy peculiar de las políticas comerciales que rigen en muchos países
latinoamericanos. Estas han pasado del mero proteccionismo, mediante el
cual los productores luchan para proteger "sus" mercados
domésticos, a lo que el venezolano José Luis Cordeiro llama el mercantilismo
feudal, con el cual pretenden obtenerlo todo: tanto el mercado interno
como el externo. Es decir, luchan tan denodadamente por vender en otros
países como por impedir que otros vendan en el suyo. Así exportan cuanto
quieren, mientras mantienen rehenes a los consumidores locales. ¿No
sería mucho más humano permitir que sus compatriotas se beneficien con
importaciones baratas y dedicarse a producir aquello en lo que puedan
competir sin la muletilla gubernamental.
Con la actual actitud, la clase política, aliada
natural de los productores, exhibe un altísimo grado de inmoralidad e
insensibilidad hacia el derecho a la libertad económica, es decir, a la
libertad para vender, comprar, importar, exportar e intercambiar cualquier
producto o servicio.
El proteccionismo y el mercantilismo nos empobrecen:
encarecen los alimentos y otros bienes y servicios, reducen el salario
real de la gente y estimulan un pésimo uso de los recursos de la nación.
En Panamá, por ejemplo, el proteccionismo ha
estimulado el uso de muchos recursos agropecuarios en actividades para las
cuales, por no gozar el país de ventajas comparativas, el rendimiento es
negativo. Un estudio reciente de la pobreza y las políticas en ese país
estimó que la asignación, en 1996, de 1,6 millones de hectáreas a
cuatro de esas actividades (arroz, ganadería, leche, y azúcar), generó
una rentabilidad negativa de US$19 millones, mientra bajo una asignación
basada en libre comercio, esos mismos recursos hubiesen generado una
ganancia neta al país de unos US$1.000 millones anuales .Tal diferencia
representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, los efectos sociales, medidos en términos de
la distribución de ingresos, fueron también negativos. En solo cinco
rubros, por tener que pagar precios inflados, los consumidores perdieron
unos $125 millones, de los cuales los pobres e indigentes aportaron
alrededor del 50%.
Estos recursos fueron transferidos mayoritariamente a
los agroindustriales (77%) y a los grandes productores (14%). El restante
9% se perdió por ineficiencias.
Todo esto ocurre en un país como Panamá, donde la
mitad de sus habitantes gravitan entre la pobreza y la miseria. Sin duda,
Latinoamérica está necesitada de una alta dosis de humanismo y sentido
común. En Panamá, el año pasado, su ministro de Agricultura demostró
su insensibilidad y candidez al felicitarse porque había logrado negociar
aranceles agropecuarios entre 80% y 150%. Ese supuesto "éxito"
negociador encarece en proporción similar los alimentos del pueblo
panameño, pero para el gobernante “si no hay pan que coman tortas”.
Rigoberto Stewart
AIPE,
24/2/97
