En octubre de 1996, los países centroamericanos
decidieron disminuir los aranceles gradualmente, de tal manera que para
diciembre de 1999 las materias primas estuviesen totalmente exentas y los
bienes finales pagaran solamente un 15 porciento. Sin embargo, dos meses
después, como parte de las medidas para atenuar la deuda interna, Costa
Rica decidió posponer la reducción de dos puntos porcentuales (pasar de
20% a 18%) que ya tenía programada. Se indicó que la medida sería
temporal y que la desgravación continuaría de acuerdo con la
programación previa. Empero, se volvió a vacilar, y a principios de
junio de este año, los viceministros de Economía de Centroamérica
decidieron nuevamente aplazar la reducción arancelaria por cinco años
más, con el fin de "darle tiempo a los sectores productivos
delicados de la región (textiles, ropa, calzado, llantas, ropa, leche,
papa, cebolla) para acomodarse al proceso". De manera que el techo
arancelario de 15% fue pospuesto hasta el 2005.
Esta sucede a las pocas semanas de que todos los
presidentes centroamericanos exigieran al presidente Bill Clinton, a raíz
de su visita, la celebración de tratados de libre comercio (TLC) con
Estados Unidos.
Demuestra falta de seriedad y ausencia de un verdadero
compromiso con el libre comercio.
La postergación de la apertura generó una reacción
airada de los representantes de la Cámara de Comercio, alegando que
mientras más se postergue este tipo de decisiones, que procuran generar
las condiciones necesarias para que el país pueda entrar en el Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), más rezagada quedará Costa Rica
y no va a haber tiempo suficiente para asimilar los cambios. Tienen
razón. Curiosamente, el presidente de dicha cámara, reveló que según
los resultados de una encuesta, el 41 porciento de los empresarios no
saben qué es el ALCA y el 52 porciento sabe muy poco. Evidentemente que
ni los empresarios ni los gobiernos latinoamericanos están interesados en
ALCA, a pesar de los ocasionales poses engañosas de algunos de estos
últimos, como la de pedir un TLC con Estados Unidos.
En muchos países latinoamericanos, la desgravación
arancelaria ha experimentado un trayecto difícil por dos razones
fundamentales: 1) la fuerte oposición que ha encontrado en algunos
sectores productivos, quienes han contado con el apoyo casi incondicional
de los gobiernos, y 2) la alta dependencia que aún mantienen los
gobiernos de los ingresos aduanales. En cuanto a la primera, es notorio el
desdén manifiesto hacia los consumidores a la hora de evaluar los efectos
de los aranceles. Aunque muchos países pregonan que todos sus ciudadanos
son iguales ante la ley, no vacilan en permitir que sus productores
exporten libremente y hasta con subsidios pagados por los consumidores, al
mismo tiempo que les niegan a estos últimos el derecho a importar
libremente. En este sentido, los consumidores latinoamericanos han sido
ciudadanos de segunda clase; y esta es una de las razones para que
prevalezcan los altos índices de pobreza y desnutrición que conocemos.
En cuanto a la segunda, resulta sorprendente que durante 1996 y los
primeros cinco meses de 1997, los ingresos aduanales hayan representado,
en Costa Rica, entre el 45 y 47 porciento de todos los ingresos del fisco.
Esta trascendencia de los aranceles como mecanismo de recaudación fiscal
es casi aberrante, y más apropiada para países con niveles de desarrollo
muy inferiores. Es sabido que en la medida que un país avance (y, a la
vez, como requisito para lograrlo) depende cada vez menos de impuestos
distorsionantes como éstos. En Taiwán, el tigre asiático con más
aranceles, ese rubro aportó sólo el 19 porciento de toda la recaudación
fiscal de 1986-88. Desde entonces, se ha reducido.
Resulta evidente, entonces, que la prevalencia en
Latinoamérica del mercantilismo feudal, la desvalorización de los
consumidores y la alta dependencia de los aranceles como mecanismo de
recaudación fiscal vaticinan que no se conformará el ALCA para el año
2005; y quizás nunca.
Rigoberto Stewart
(AIPE, 3/7/97)
