Durante la visita del presidente Bill Clinton a la región, además de tratar temas de inmigración y narcotráfico, los gobiernos de Centroamérica y la República Dominicana exigieron la extensión del Tratado de Libre Comercio (TLC) para incluir nuestra región. Pero, ¡están nuestros gobernantes realmente interesados en el libre comercio? En realidad, no. Si la falta de autorización del Congreso de Estados Unidos del "procedimiento de la vía rápida" no lo impidiera, lo que hubieran hecho estos países sería entrar en una prolongada negociación, argumentando la asimetría de las economías, niveles tecnológicos, etc., para mantener los mercados cerrados, en tanto logran que Estados Unidos abra más el suyo y así poder exportar más, sin importar más.

Preocupados por el desvío de inversiones hacia el mercado mexicano y la mayor facilidad con que muchos productos mexicanos que compiten con los centroamericanos entran al mercado estadounidense, los siete países insistieron en el TLC a sabiendas de que no era factible. Lo hicieron para incrementar la posibilidad de obtener lo que en realidad buscan: la armonización del TLC con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Esta equiparación tendría el doble efecto de contrarrestar el desvío de inversiones hacia México y lograr la ampliación de los beneficios arancelarios, con mayor apertura del mercado americano. Todo esto sin tener que favorecer a sus ciudadanos abriendo sus propios mercados.

Los gobernantes centroamericanos adoptan esta posición mercantilista porque no comprenden que sus pueblos son los que más se beneficiarían de una verdadera apertura comercial, incluso si esta se lleva a cabo unilateralmente.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de Costa Rica manifestó que "a quien más le conviene un tratado de intercambio comercial es a Estados Unidos, debido a que sus productos tienen que pagar impuestos al entrar en nuestros mercados, mientras que las exportaciones de esta área gozan de un ingreso más libre a la economía estadounidense". Cuando a Luis Guillermo Solís, director de política exterior de la Cancillería costarricense, se le consultó si Estados Unidos sentía celos de que las naciones latinoamericanas le pudiesen ser infieles en materia comercial, dijo: "No tanto celos, sino miedo. Y qué dicha que están dispuestos a jugar porque si no juegan nos vamos a ir abajo, hacia el Sur".

Mientras nuestros altos funcionarios proferían tales barbaridades, Mongolia abolía todo arancel e impuesto al comercio internacional y su primer ministro, Mendsaikhany Enkhsaikhan, declaraba: "Aunque una reacción natural a nuestra situación geográfica sería erigir altas barreras proteccionistas, sabemos que eso significaría condenarnos al atraso y al aislamiento perpetuo". Dígame, ¡dónde están en realidad los mongólicos? ¡Allá o aquí? Debiéramos hacer lo mismo que con el transporte aéreo. En la Declaración de San José, del 8 de mayo, cinco países centroamericanos firmaron un "Convenio de Cielos Abiertos" con Estados Unidos, abriéndose por completo a la competencia, sin restricciones en cuanto al número de vuelos, destinos, tarifas ni conexiones hacia otros lugares. Eso es exactamente lo que los centroamericanos tendríamos que hacer en todas las áreas comerciales.

En octubre de 1996, los países centroamericanos decidieron disminuir los aranceles gradualmente, de tal manera que para diciembre de 1999 las materias primas estuviesen totalmente exentas y los productos terminados pagaron sólo 15 por ciento. Sin embargo, dos meses después, como parte de las medidas para atenuar la deuda interna, Costa Rica decidió posponer la reducción de aranceles acordada en dos puntos (de 20 a 18 por ciento). Se dijo que la medida sería temporal y que la desgravación continuaría de acuerdo con la programación previa. Pero no fue así, se volvió a vacilar y a principios de junio de este año los viceministros de Economía de Centroamérica decidieron, nuevamente, aplazar la reducción arancelaria por cinco años más, con el fin de “darle tiempo a los sectores productivos delicados de la región (textiles, ropa, calzado, llantas, leche, papa, cebolla) para acomodarse al proceso”. De manera que el techo arancelario de 15 por ciento fue pospuesto hasta el 2005.

En muchos países latinoamericanos, la desgravación arancelaria ha experimentado un trayecto difícil por dos razones fundamentales: 1) la fuerte oposición de ciertos sectores productivos que gozan de incondicional apoyo gubernamental; y 2) un grado elevado de dependencia que aún mantienen nuestros gobiernos de los ingresos aduanales.

En cuanto a la primera, aunque muchos países pregonan que todos sus ciudadanos son iguales ante la ley, no vacilan en permitir que sus productores exporten libremente y hasta con subsidios pagados por los consumidores, pero a estos últimos les niegan el derecho a importar libremente lo que más les convenga. En este sentido, los consumidores latinoamericanos seguimos siendo ciudadanos de segunda clase y por ello seguimos sufriendo de altos índices de pobreza y desnutrición.

En cuanto a la dependencia de los ingresos arancelarios, resulta sorprendente que durante 1996 y los primeros cinco meses de 1997, los ingresos aduanales representaron para Costa Rica entre 45 y 47 por ciento de todos los ingresos del fisco, situación verdaderamente aberrante y apropiada para las economías más atrasadas del mundo.

Rigoberto Stewart
(AIPE, septiembre de 1997)