El gobierno de Costa Rica acaba de anunciar un incremento temporal del
arancel al azúcar, para proteger a los productores nacionales de la
caída del precio internacional. El arancel anterior era de 50 por ciento.
La leche y los pollos pagan aranceles de 104 por ciento y 200 por ciento,
respectivamente, y luego de tres años de reducciones simbólicas,
pagarán 68 por ciento y 150 por ciento. ¿Acaso hay justificación para
cobrar aranceles astronómicos?
El arancel es un impuesto que el gobierno cobra sobre bienes
importados, con el propósito de encarecerlos y así permitir que los
productores nacionales eleven sus precios a los consumidores locales. A
esto le llaman protección. En el caso de la leche, con un arancel
del 100 por ciento, lo que sucede es que cada vez que un pobre consumidor
de mi país compra US$10 de leche tiene que regalar US$10 adicionales a la
empresa lechera y US$2,60 al gobierno, por el IVA. Así es como el
gobierno logra que los consumidores transfieran altas sumas a los
productores de rubros específicos. Nuestros cálculos preliminares
indican que a través de este mecanismo los costarricenses transferimos
anualmente a los productores de la leche US$107 millones y US$63 millones
a los productores de pollo.
Se argumenta que esos aranceles y las correspondientes transferencias
son necesarios para compensar los subsidios que los gobiernos de países
desarrollados otorgan a sus productores. Tal argumento es totalmente
inválido y es sólo la excusa para transferir dinero de los pobres a los
ricos con conexiones políticas.
El precio internacional es el resultado de la interacción de la oferta
y demandas de cientos de países, cada uno con sus particulares
distorsiones gubernamentales. Por eso, más que reflejar los subsidios de
países desarrollados, el precio internacional es el resultado de la
confluencia de innumerables factores, incluyendo las intervenciones que
ocurren en los países subdesarrollados. La suma de esa infinidad de
distorsiones hace que dicho precio esté ligeramente por encima o por
debajo del que resultaría en un mundo ideal de cero distorsión, o sea,
con cero intervención gubernamental. Un estudio de Fisher y Gorter, de la
Universidad de Cornell (Amer.J.Ag.Econ. 74(1992):258-267),
concluyó que si se eliminaran todos los programas de subsidio en los
países desarrollados, los precios mundiales del arroz y trigo, en vez de
aumentar, como se arguye, disminuirían 6 y 12 por ciento,
respectivamente; en tanto que el precio del maíz subiría 3 por ciento.
Por el tipo de intervención predominante, el caso de la leche debe de ser
similar.
Estas conclusiones no sorprenden, ya que en los países desarrollados
hay muchos programas gubernamentales en que se le paga al agricultor para
que no produzca y eso eleva los precios. Y en los países subdesarrollados
los aranceles permiten producción nacional a altos costos. En todo caso,
si se utilizara este criterio para proteger a los productores, habría que
fijar un arancel de 3 por ciento para el maíz y subsidios a la
importación de arroz y trigo de 6 y 12 por ciento. Es decir, no se pueden
justificar los astronómicos aranceles costarricenses sobre la base de
tales argumentos.
Los productores no son los únicos afectados
Los consumidores también se ven afectados “distorsiones” como la
de carteles como la OPEP que hace subir el precio de la gasolina, otras
que devalúan la moneda para abaratar las exportaciones y los programas
agrícolas que aumentan los precios internacionales del arroz, trigo y
demás alimentos. Se trata, entonces, de una doble injusticia. ¿Cómo se
puede justificar que los productores sean compensados por distorsiones
desfavorables, pero no los consumidores, y que éstos además sean quienes
paguen el subsidio compensatorio a los productores?
Si se quiere lograr cierto grado de equidad y justicia en el comercio
internacional, habría que: (1) estimar el impacto neto de todas las
distorsiones, no sólo el impacto de algunas de ellas; (2) compensar a los
productores con un arancel cuando el neto de las distorsiones les resulte
negativo y castigarlos con un impuesto cuando sea positivo; (3) subsidiar
a los consumidores cuando el neto de las distorsiones es negativo para
ellos y castigarlos con un impuesto (arancel) en caso de que sea positivo.
Tal tarea, sin embargo, sería prácticamente imposible por la falta de
capacidad técnica para hacer los cálculos. También, resultaría en
extremo onerosa y complicada, ya que el castigo o subsidio de un grupo no
es neutral en relación con el otro.
Debido a estas limitaciones, el establecer el libre comercio para todos
(la igualdad ante la ley) será siempre preferible en términos de
justicia y equidad, a cualquier otra política de intervención de los
mercados. Además, por ser respetuoso de los derechos individuales, el
libre comercio es la política moralmente correcta.
Rigoberto Stewart
(AIPE, 6/8/1999)
