|
|
ALCA:
rechazado por los trabajadores
Después de arduas negociaciones en San José, Costa Rica, los
ministros de Comercio Exterior y los cancilleres de 34 países americanos
firmaron el 19 de marzo la Declaración, la cual, una vez rubricada en
Chile, en abril, pondrá en marcha el proceso de creación del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA). Muchos fueron los aspectos que
empantanaron el proceso que culminó con dicha declaración, entre ellos,
los temas laboral, ambiental y protección del derecho a la propiedad
intelectual. En punto relativo al asunto
laboral, los ministros acordaron dejarlo fuera de las negociaciones
comerciales per se y crear una especie de comité de enlace para recibir
las quejas de la sociedad civil. Este grupo reportaría las inquietudes de
las organizaciones laborales al Comité de Negociaciones Comerciales
integrado por los viceministros.
Esa era la única manera de avanzar. Las posiciones de las
organizaciones de trabajadores han sido tan intransigentes e irracionales
que de incluir el tema en las negociaciones no se hubiera logrado ningún
avance. Ese mismo día, un grupo de representantes de todas la centrales
sindicales de Costa Rica, con la participación de un representante de la
AFL-CIO estadounidense y la CUT brasileña, montó una manifestación en
las afueras del hotel donde estaban reunidos los ministros, exigiendo que
se tomaran en cuenta los derechos laborales. Esta demanda contiene un
error conceptual de importancia. Los derechos laborales nada tienen que
ver con el comercio. Son dos temas separados. Los países no son los que
comercian, como erróneamente se plantea, sino los individuos y las
empresas que se afincan en determinado sitio geográfico. Si cualquiera de
estos viola algún derecho genuino de los trabajadores, los tribunales
correspondientes han de tomar las medidas necesarias, las cuales no han de
incluir la supresión de sus relaciones comerciales, y menos las
relaciones comerciales de otras empresas del país que no han cometido
ninguna violación.
Pero no se trata solamente de derechos laborales, frecuentemente
mal definidos. Los representantes de los trabajadores americanos se oponen
rotunda y fatídicamente al libre comercio. Según Daniel Quesada, alto
representante laboral, diversas organizaciones laborales, continentales y
regionales, como la Organización Regional Interamericana de Trabajadores
(ORIT) y muchos más, han manifestado que el establecimiento del área de
libre comercio "lejos de llevar beneficios a los países, causará
graves perjuicios, especialmente a los que sustentan su economía en la
agricultura, o los que tienen un nivel menor de desarrollo para competir
contra las grandes empresas transnacionales únicas beneficiadas de este
tipo de acuerdos." Estos criterios son compartidos por diversos
organizaciones laborales costarricenses. El Banco Popular (BP), una
entidad creada para administrar el ahorro obligatorio de los trabajadores
costarricenses y manejada por representantes de los distintos grupos
laborales, manifestó, en el diario de mayor circulación nacional, lo
siguiente: "El ALCA constituye un proceso injusto y antidemocrático
por cuanto es el mayor acuerdo de comercio y liberalización del
continente que comprometerá a países de economías dispares y de
condiciones sociales y políticas muy diferentes (...). Los procesos de
liberalización en marcha han significado el desmantelamiento de la pequeña
y mediana empresa, principalmente agrícola, desmantelando de esa manera
la estructura productiva, provocando a su vez la dependencia alimenticia e
incrementándose el éxodo rural, agravando la pobreza, el desempleo y la
violencia en las áreas urbanas (...). Los ciudadanos de las Américas no
tenemos por qué pagar las consecuencias del incremento e intensificación
de la competencia internacional provocada por el libre comercio". ¡Qué
disparate!
Cuando el comercio es voluntario, jamás puede causar
empobrecimiento, porque sólo los intercambios mutuamente provechosos se
llevan a cabo. El comercio permite que tanto los productores como los
consumidores de distintos países incrementen su bienestar a través del
la especialización y el intercambio. La especialización de las empresas
o individuos de un país en la producción de aquellos bienes para los
cuales gozan de ventajas comparativas hace que sus recursos sean más
productivos y, por ende, mejor remunerados. Los trabajadores ganan más. A
la vez, el intercambio hace que los alimentos y otros productos resulten más
baratos. Así es como el libre comercio favorece a los trabajadores,
genera riqueza, tanto en la ciudad como en el campo, y aminora el éxodo
rural y la violencia que genera la pobreza. Todo lo contrario de lo que
plantean las organizaciones laborales.
¿Es necesario que las economías y las condiciones sociales y políticas
de los países sean similares para que sus ciudadanos se beneficien de una
relación comercial? Todo lo contrario. Hay mayores posibilidades de
intercambio y beneficio mutuo cuando las condiciones de cada socio
comercial son muy disímiles. Los líderes sindicales conciben el comercio
internacional como una pugna entre productores de distintos países, en la
cual los países desarrollados tienen todas las de ganar. Los trabajadores
latinoamericanos son demasiado pobres como para permitirse el lujo de
rechazar el libre comercio. Pero la pobreza se trata justamente de eso, de
permitirse lujos que uno no puede costearse.
Rigoberto Stewart
AIPE, 28/4/98
|
