En estos momentos se lleva a cabo un debate candente en la Asamblea
Legislativa en torno a la modificación de los Artículos 188, 189 y 190
de la Constitución Política que pretende establecer el marco para
convertir a las instituciones del estado (INS, ICE y otros) en
"empresas públicas de servicio", sin controles por parte de
otros órganos estatales.
La Peor Forma de Privatizar
Las leyes que vendrán luego de las reformas constitucionales --Ley
General de Electricidad y los otros-- crearán esas empresas de servicio,
las cuales estarán exentas de los controles contenido en los Artículos
182, 184 y 192 de la Constitución (procedimientos de licitación,
fiscalización de la Contraloría, etc.). Como señala el Magistrado
Rodolfo Piza, habrá un "régimen privado de las empresas del
Estado". O sea, se privatizarán las empresas estatales, pero de la
peor forma.
Existen muchas otras formas de privatizar empresas públicas. Dos de
ellas son: la venta directa y la entrega de acciones a cada ciudadano. La
primera tiene la ventaja de que se obtienen importantes ingresos que
podrían ser utilizados para reducir considerablemente la agobiante deuda
pública. La segunda tiene el mérito de convertir a los costarricenses en
propietarios reales de las empresas. Las dos tienen la ventaja de que los
dueños asumirán los costos de cualquier mala decisión.
La "privatización" propuesta por el gobierno a través de
las leyes de marras tienen serias desventajas: no se obtienen recursos,
excepto por la pequeña proporción de acciones que se vendan, y los
ciudadanos no se convierten en dueños reales de las empresas, pero sí
seguirán asumiendo los costos de las malas decisiones de los políticos.
Se continuará privatizando las ganancias y socializando las pérdidas.
Ahora, si no fuera por este último aspecto, no importaría cómo se
privaticen las empresas, porque lo importante para la sociedad no es la
propiedad de las empresas, sino los servicios. Cuanto más servicios haya
y cuanto más baratos sean, mayor será el incremento en bienestar de la
sociedad. Por esta razón, es infinitamente más importante la apertura
total de los mercados que la asignación de la propiedad de las empresas.
El Enfoque es Incorrecto. Además de los obvios
"beneficios" que obtiene la clase política, la obsesión con
las empresa públicas proviene de un grave error de concepción. Cualquier
actividad económica, bien manejada, genera dos tipos de ganancias: (1)
Las de la empresa y (2) las de los usuarios. En competencia, la empresa
recibe, como ganancias, un retorno "normal" a su inversión. Por
su parte, los usuarios obtienen ganancias considerables al tener que pagar
por el servicio menos de lo que éste vale para ellos. Cuando hay
competencia, las ganancias de los consumidores (usuarios) tienden a ser
considerablemente mayores que las de las empresas. El error de
concentrarse en las ganancias de las empresas induce a reducir o anular la
competencia --crear monopolios públicos-- y esta acción anula o reduce
considerablemente lo que es el verdadero beneficio de la sociedad: la
ganancia de los usuarios.
El gran negocio. Para la sociedad como un todo, el inmenso
negocio no lo constituye la empresa como tal, sino el servicio que
se recibe y, desde esta perspectiva, no importa quién sea el servidor
---puede ser privado o público, nacional o extranjero. Una línea
telefónica, cuya instalación cueste, digamos, $1.000, puede generarle a
la sociedad 50 o 100 veces su valor a través del servicio. ¿Cómo?
Facilitando la comunicación y los negocios, evitando viajes innecesarios
y muertes, etc.. A manera de ejemplo, imagine una situación en la cual la
Región A está completamente separada del resto del país por un río de
2km de ancho. En un primer momento no hay un servicio que conecte las dos
partes, de ahí que los productores de la Región A no pueden vender
productos al resto del país que les depararía ingresos netos de ¢500
millones mensuales. En un segundo momento, un individuo pone a funcionar
un "ferry" (privado) y cobra, digamos, ¢1 millón al mes, a
pesar de que sus costos solo llegan a ¢100.000. El tiene un buen negocio.
Pero este es el menor de los negocios. El gran negocio está en los ¢499
millones, en utilidades, que ahora obtienen los productores de la Región
A. Pero eso no es todo. Los productos de la Región A también generan
bienestar en el resto del país, puesto que para los consumidores, esos
productos valen más que lo que pagan. Este es el gran negocio de la
sociedad. Infortunadamente, hasta ahora se ha creído que el gran
negocio es el ferry; de ahí la obsesión con las empresas
públicas.
El ferrocarril es un buen ejemplo de cómo esta concepción errónea
arruina el gran negocio de la sociedad. Cuando la Northern Railway
Company fue privada, aportó increíblemente al desarrollo del país:
generó empleo, riqueza y bienestar para miles de ciudadanos. La tomó el
gobierno, supuestamente para dar un mejor servicio y poner las ganancias a
funcionar en beneficio de todos; pero lo que hizo fue quebrarla en poco
tiempo y abandonarla. Ahora que es "de todos", no aporta nada;
nadie se beneficia.
La Reforma Correcta. Además del problema señalado con respecto
a la privatización sui géneris que pretende el gobierno, existe otra
razón poderosa por la cual el estado debe salirse de toda actividad
productiva: no se debe ser juez y parte; es inmoral. El estado debe
velar por que las empresas respeten los derechos de sus clientes,
competidores y otros afectados. Para cumplir esta función esencial, no
puede ser también empresario.
Lejos de crear otras figuras de empresas públicas, la reforma
constitucional que se debería estar discutiendo es aquella que le
prohíbe al estado llevar a cabo actividades económicas.
14/3/1999