El 17 de noviembre, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto para modificar la Ley de Armas y Explosivos. El proyecto contempla una pena de uno a tres años de cárcel para aquellas personas que tengan o porten armas “sin los permisos necesarios”. Esta ley lesiona uno de nuestros derechos fundamentales. ¿Por qué?Las armas de distintos tipos siempre han existido y seguirán existiendo. Como no es posible eliminarlas -lo que sería ideal si a la vez se pudieran erradicar los bajos instintos- se plantea el control estatal de la tenencia y, en su extremo, la tenencia únicamente por parte del estado. Pero, como éste es incapaz de controlar a los delincuentes, lo único que se lograría con la medida sería controlar la tenencia de armas por parte de la gente que sólo las querría para su propia protección. Los delincuentes seguirán armados hasta los dientes. Queda claro, entonces, que este asunto de control de armas se reduce a dos opciones: (1) que sólo los delincuentes -dentro y fuera del aparato estatal- puedan portar armas libremente, o (2) que todos podamos hacer lo mismo. No hay más. Además de violar nuestro derecho natural a la autodefensa, la primera opción equivale al suicidio colectivo o, al menos, a la esclavización de la gente decente. La segunda, en cambio, resguarda ese derecho a la autodefensa y, contrario a la creencia popular, reduciría la cantidad de violencia en la sociedad.

Un ejemplo. Hace poco más de un año, el gobierno de Australia forzó la entrega de armas para su destrucción. En total se entregaron 640 381 armas de fuego personales, por las cuales el gobierno pagó $500 millones. Doce meses después, los resultados fueron los siguientes: en todo el país, los homicidios se incrementaron 3,2 por ciento, los asaltos, 8,6 por ciento, los robos a mano armada, 44 por ciento (sí, 44%). En el estado de Victoria los homicidios con arma de fuego se aumentaron 300 por ciento (!!). Curiosamente, los datos de los 25 años previos a la fatídica decisión de desarmar a las víctimas habían mostrado una reducción constante de los homicidios con armas de fuego y los robos a mano armada.

El derecho a la defensa propia. Siempre habrá quienes quieran iniciar el uso de la fuerza contra otros. Así es la naturaleza humana. De ahí que también es natural que la víctima se defienda. Lo que resulta totalmente monstruoso es que A (el estado) ataque a B (el ciudadano) para que éste no se defienda contra C (el otro criminal). Al actuar de esta manera, el estado se convierte en otro agresor del cual el ciudadano también se tiene que defender. Observamos, entonces, que el derecho a la defensa propia toma dos formas: (1) el derecho a defenderse de terceros y (2) el derecho a defenderse del estado.

Contra terceros. El ejercicio del derecho a defenderse de otros no implica ni el caos ni la violencia generalizada. Más bien es una garantía para la paz, o al menos minimiza la violencia. El Oeste salvaje de los Estados Unidos era comparativamente mucho menos violento que nuestras sociedades contemporáneas, en gran medida, porque prevalecían el principio y el derecho a la defensa propia.

La negación de este derecho implica mayor violencia porque el ciudadano decente queda a merced del hampa. Esto es así porque el estado, su supuesto defensor, no puede ni quiere defenderlo. No puede, porque para hacerlo necesitaría tener a un policía con cada ciudadano todo el tiempo, lo que resultaría imposible por razones económicas y logísticas. Además, no habría forma de evitar que muchos de esos policías sean delincuentes o criminales. Por otra parte, la defensa del ciudadano común es contraria a la naturaleza del estado: su inclinación natural es la de saquear y esclavizar a sus súbditos.

Contra el estado. El segundo problema de la negación del derecho a la defensa propia estriba en quién defiende al individuo cuando es atacado por su supuesto defensor, el estado. A través de la historia, el ente estatal ha sido el mayor agresor del ciudadano. De ahí que una de las fuertes razones para tener, portar y usar armas es justamente para defenderse del estado. Según Thomas Jefferson, “La razón más poderosa para que la gente retenga el derecho a portar armas es, como un último recurso, para protegerse contra la tiranía en gobierno”. Por tanto, resulta ridículo tener que recurrir al agresor contra el cual uno se quiere defender para obtener un permiso de portar armas .Responsabilidad. Hasta ahora, las “autoridades” han emitido toda clase de decretos que violan nuestros derechos, porque no les acarrean ningún costo o riesgo. Esta situación debe cambiar. Deben asumir las consecuencias de sus actos? En el caso del permiso que ahora nos exigen para tener armas, esa rendición de cuentas podría hacerse de la siguiente manera: cada vez que alguien sea asaltado con un arma no inscrita, se castigan a los diputados firmantes de la ley y al ministro del ramo con un año de cárcel, además de obligarles a resarcir a la víctima o a sus familiares. Así lo pensarían dos veces antes de violar nuestros derechos mediante decretos y leyes.