A raíz de la tempestad que causó la aprobación, en primer debate, de la Ley para el mejoramiento de servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones, el llamado combo ICE, los gobernantes han sugerido un período de calma, reflexión y análisis antes del segundo debate. Durante este tiempo se utilizarán criterios diversos para sopesar las bondades y defectos de la ley. El Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas (INLAP) tiene la plena convicción de que en un supuesto Estado de Derecho, el proyecto de ley y las reacciones que ha suscitado deben ser evaluados desde la perspectiva de los derechos individuales (entiéndase, derechos humanos). Esto es inusual en un país donde la gran mayoría de los habitantes ignoran cuáles son sus verdaderos derechos como individuos, ciudadanos o grupos, y donde los gobernantes están acostumbrados a pisotear esos derechos.

Nuestros derechos como proveedores y consumidores. Todo ser humano tiene el derecho -solo o en asocio con otros-- de intercambiar libremente bienes y servicios con otros individuos, siempre que no medie ni la fuerza ni el engaño. En Costa Rica, a través de monopolios como el ICE, los gobernantes han violado este derecho durante los últimos cincuenta años. Utilizando la fuerza, le han dicho al ciudadano: “Usted no puede vender servicios eléctricos ni telefónicos; tampoco los puede adquirir de otra empresa que no sea el ICE.” A través de la apertura del mercado, el proyecto de ley le pondría un alto a esta violación, aunque sólo parcialmente, porque el combo mantiene injustificadas limitaciones al ciudadano, tanto en su rol de proveedor como en el de consumidor de esos servicios. Además, la apertura sería retardada.

Nuestro derecho como propietarios de bienes públicos y privados. Bienes públicos. ¿De quién es el ICE? Sin importar el criterio que se utilice, está claro que el ICE no es de todos. Hasta ahora, los verdaderos dueños (los que han manejado la institución a su antojo y para su propio beneficio) han sido los políticos y los trabajadores sindicados de la institución. Si se aprueba la ley, el ICE continuará siendo de ellos; si no se aprueba, también. ¿Y el pueblo? Hasta ahora, desorientado, confundido. En lugar de bloquear calles para oponerse al combo, los manifestantes deberían exigir que los políticos entreguen el ICE a los ciudadanos. ¿Cómo? Extendiéndole a cada uno una acción de la empresa. Este es su legítimo derecho, quizás el único que les asiste a los manifestantes; sin embargo, es lo único que no han demandado.

La opción de entregar el ICE al pueblo mediante una acción a cada ciudadano tiene muchas ventajas sobre el combo:

1. A través de sus votos como accionistas, son los ciudadanos -y no los políticos-- los que deciden qué hacer con la empresa y cómo manejarla. No hace falta ninguna manifestación en las calles.

2. Cada ciudadano tiene absoluta libertad para decidir por sí mismo si quiere vender o mantener su parte. Así se evita el colectivismo nefasto, donde todos tienen que tomar la misma decisión. Es más democrático y evita conflictos.

3. Una vez entregada la acción, todos los habitantes se convierten simultáneamente en oferentes y demandantes de los mismo servicios, por lo que les conviene la apertura total e inmediata de los mercados. Con la apertura, cualquier pérdida como productor es compensado por las ganancias como consumidor.

Dadas las claras bondades del traspaso, ¿por qué lo han ignorado los políticos? Porque nunca han tenido la intención de que el ICE pase a manos de los ciudadanos; todo lo contrario, su consigna es seguir usufructuando de él por el tiempo que dure la fábula de que el ICE es de todos. ¿Y por qué no lo exige el pueblo? Por dos razones: porque el pueblo ignora cuáles son sus verdaderos derechos y porque le da miedo asumir la responsabilidad que acarrea el ser verdadero dueño de la empresa. Es muy fácil desfilar y despotricar; pero es difícil asumir responsabilidades y riesgos.

Bienes privados. Todos los seres humanos tenemos el derecho a la integridad física y la de nuestros bienes. En un despliegue de bandolerismo, algunos manifestantes violaron la propiedad de muchos costarricenses -quebraron vidrios, golpearon carros, etc. Este atropello es totalmente inaceptable y no debe quedar impune.

Nuestro derecho a la libre circulación. Mientras las vías sigan siendo públicas, todo habitante de este país tiene el derecho a la libre circulación. Al cerrar calles y carreteras, los manifestantes quebrantaron este derecho de los demás ciudadanos. Esta violación también es totalmente inadmisible.

Conclusión: Vivimos en una caricatura de Estado de Derecho donde todo el mundo (gobernantes y ciudadanos) se arroga la potestad de violar los derechos de los demás. En estas circunstancias sólo puede prevalecer el caos y la violencia. Si se hubieran respetado los derechos individuales aquí citados, este conflicto que sufrimos no se hubiera desatado. ¿Por qué no dar el salto civilizado y tomar la senda del respeto a los derechos individuales?