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¿De
quién es el ICE?
Hemos señalado que la modificación a los Artículos 188, 189 y 190 de
la Constitución Política que establecería el marco para convertir a las
instituciones del estado (INS, ICE y otros) en empresas públicas de
servicio, sin controles por parte de otros órganos públicos, era la
peor forma de privatizar dichas empresas. La medida equivalía a reconocer
abiertamente que los políticos eran su verdaderos dueños. Pasada la
refriega, debemos retomar el tema.
¿Quiénes son los dueños del ICE?
Se ha dicho hasta la saciedad que las empresas estatales son de
todos nosotros. ¿Es esto cierto? ¿Cómo se comprueba tal
aseveración? Tiene que haber alguna forma de comprobarla, de lo contrario
la frase no significaría absolutamente nada y nuestra inteligencia
quedaría en entredicho. Ser dueño de un activo debe significar
alguna utilidad para el poseedor; es decir, debe haber una diferencia
tangible entre ser dueño de un bien y no serlo. Con esto en mente,
evaluemos algunos criterios utilizables para determinar si en verdad el
ICE es de todos.
1.
El ICE es de todos porque brinda servicios a los
costarricenses. Este criterio falla porque no hay provecho (utilidad)
para los nacionales que no reciben el servicio. Son muchos. Además,
utilizar este criterio equivale a decir que la Coca Cola, American
Airlines y todas las demás empresas que nos brindan servicios son de
todos los costarricenses. Una locura.
2.
El ICE es de todos porque lo administran los políticos y los
sindicatos. Este criterio por sí solo no significa ninguna utilidad
para el ciudadano que no pertenezca a esos grupos. Mas bien constituye una
prueba de que los políticos y sindicalistas son los verdaderos dueños.
3.
El ICE es de todos porque cada costarricense posee un título
de propiedad (una acción) y al final del año recibe dividendos (aunque
algunos no tengan teléfono o servicio de electricidad). Este criterio es
acertado porque sí hay una utilidad o beneficio para cada costarricense.
El único problema es que hasta hoy ningún tico ha poseído una acción o
recibido dividendos.
Además del utilitario, se podría recurrir al aspecto de la toma de
decisiones para definir de quién es la empresa. En Costa Rica, el
ciudadano común no tiene absolutamente ninguna ingerencia en las
decisiones sobre el manejo del ICE. Todo lo contrario; ni siquiera tiene
poder, aun con el dinero en la mano, para asegurarse los servicios
básicos.
Hasta ahora, la idea de que el ICE (INS, RECOPE, ect.) es de todos, no
es más que una ficción. Un recurso utilizado por los políticos para
engatusarnos. Resulta en extremo sorprendente que se pueda engañar a
tantas personas por tanto tiempo.
¡Que sea, en verdad, de todos nosotros!
Lo que ha ocurrido hasta ahora con las empresas públicas es similar a
la situación en la cual el marido le jura a su esposa que la casa es de
ella, pero rehúsa entregarle un título de propiedad. La mentira debe
terminar. Se debe convertir en realidad la frase, hasta ahora demagógica:
" el ICE es de todos". ¿Cómo? Entregándole a cada
ciudadano una acción de la empresa, equivalente a la parte proporcional
que le corresponde (incluyendo activos y pasivos), y sin ninguna
restricción en cuanto a cómo disponer de ella. Es decir, el individuo
tendría la potestad de guardarla como un activo y funcionar como
accionista con derecho a voto y participación en la dirección de la
empresa, vender su acción a otra persona o empresa interesada en el
negocio o canjearla por otras acciones, incluso del mismo ramo. También
gozaría de absoluta libertad para elegir a su proveedor del servicio. En
síntesis, el individuo sería libre para ejercer sus opciones como
productor y como consumidor.
Esta propuesta tiene por lo menos dos bondades. 1) Pone fin a las
animosidades, perspicacias y largas discusiones en el Congreso, y permite
que sean los auténticos dueños -y no un puñado de políticos o
sindicalistas- los que decidan qué hacer con la empresa. 2) Al eliminar
la doble violación de nuestros derechos (el del consumidor para poder
elegir al proveedor de servicios y el del productor para participar como
oferente), le devuelve un poco de decoro al marco jurídico-institucional
costarricense.
Ahora, ¿por qué, a pesar de sus discursos sobre la democratización
económica, así como sus marchas en pro de la democracia y en defensa de los
bienes de todos, los políticos no han aceptado esta propuesta? Es
sencillo. No les interesa traspasar la empresa a los
costarricenses. Perderían mucho.
10/5/1999
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