El 15 de
enero pasado, como parte de la ampliación del TLC con México, el
gobierno de Costa Rica logró abrir ese mercado a la leche costarricense,
favoreciendo así a los empresarios exportadores de dicho alimento. Cuatro
días después, contra todos los pronósticos, firmó un acuerdo con los
mismos lecheros para que en tres años el arancel en Costa Rica pase de
104% a 65%. Es decir, los empresarios aumentarán sus exportaciones de
leche a Centroamérica y México (se dice que no dan abasto), mientras que
el pobre consumidor tendrá que pagar aún en el 2001 un 65% más por
dicho alimento. Algo similar ocurre con el pollo. El arancel que deben
pagar los importadores de muslos de pollo bajará de 200% a 150% durante
el mismo lapso.
Mala
Justificación de los Aranceles
Para
justificar los astronómicos aranceles, se argumenta, principalmente, que
otros gobiernos subsidian a sus productores. Este argumento es inválido
tanto en el orden económico como en el moral. Es inválido desde el punto
de vista económico porque la realidad es que en el mundo existe una
infinidad de intervenciones, y la suma de todas ellas hace que el precio
internacional suba o baje un poco con respecto a lo que sería en libertad
total. Los investigadores Fisher y Gorter, de la Universidad de Cornell,
estudiaron lo efectos de los principales programas de subsidios en los
Estados Unidos (Target Price with Deficiency Payments, Acreage Diversión
Payments, en combinación con el Loan Rate) sobre el precio mundial del
arroz, maíz, trigo y algodón, y concluyeron que esos programas de
subsidio, en efecto, contribuyen a incrementar el precio internacional, no
a disminuirlo, como se argumenta. Esos autores señalan que si se
eliminaran todos los programas de subsidio en los países desarrollados,
los precios mundiales del arroz, trigo y algodón bajarían un 6%,
12% y 19%, respectivamente; en tanto que el precio del maíz subiría un
3%. Esto implica que según el razonamiento de los defensores de
aranceles, en el caso de los tres primeros cultivos, en vez de aranceles
habría que abogar por subsidios a la importación; y en el caso del
maíz, solicitar un arancel del 3%; pero no de 30% o 40% como a veces se
pide.
Inmoralidad
de los Aranceles
Los
aranceles son inmorales por varias razones. Aquí señalaremos dos.
Primero, son inmorales porque violan el principio de igualdad ante la ley.
Al imponer aranceles, los gobernantes crean dos grupos de ciudadanos: uno,
compuesto por los grandes productores y exportadores; lo llamaremos GPE;
el otro, compuesto por pequeños productores (los cuales pierden con los
aranceles) y la gran masa de consumidores, la mayoría de los cuales son
pobres o casi pobres. A este le llamaremos PPC.
El grupo GPE
tiene el derecho de producir lo que quiera y exportarlo a dónde sea;
frecuentemente recibe subsidios, especialmente a sus exportaciones. El
grupo PPC no tiene el derecho a consumir lo que quiera, no puede
importar libremente y siempre debe pagar el subsidio a las exportaciones
de GPE. Esto ocurre en un país donde el Artículo 33 de la
Constitución dice: "Todo hombre es igual ante la ley y no podrá
hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
Segundo,
muchos aranceles tienen nombres y apellidos; es decir, se fijan para
enriquecer a empresas o personas específicas a costa de los que conforman
el PPC. En el caso de la leche, con el 65% de arancel, en esencia,
lo que sucede es que cada vez que un pobre compre ?100 de leche debe,
además, regalarle ?65 adicionales a las empresas de leche y ?21,45 al
gobierno (el 13% del IVA). Con el arancel, el gobierno crea un impuesto en
favor de una empresa privada específica. Además de inmoral, esta acción
debe ser inconstitucional.
Lo
Moralmente Correcto y, Además, Conveniente
Lo
moralmente correcto es la igualdad ante la ley. Lo ideal sería que tanto
los grandes empresarios como los consumidores queden totalmente libres
para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional. Los
primeros, libres para decidir qué producir y adónde vender; los
segundos, libres para decidir qué consumir y de dónde obtenerlo.
También sería ideal y conveniente que no existan aranceles del todo, ya
que estos causan pobreza. Pero si el gobierno decide poner aranceles por
razones puramente fiscales, estos han de ser iguales para todos, tanto
para el grupo GPE como para el PPC, y de igual manera para
los distintos componentes de cada grupo. Por ejemplo, si el gobierno
decide que será de un 5%, entonces debe ser un arancel del 5% sobre todos
los bienes y servicios que se importen y un impuesto del 5% sobre todos
los bienes y servicios que se exporten. Esto sí sería consistente con el
Artículo 33 de la Constitución, con la sensatez y la decencia.
12/2/1999