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Incongruencias
petroleras
En un manifestación inusual para un
presidente que entiende el funcionamiento de los mercados, don Miguel A.
Rodríguez levantó la voz en contra de la OPEP por el desmesurado aumento
en el precio del petroleo. Lo hizo porque, como buen economista que es,
él sabe que cualquier incremento en el precio de los derivados del
petróleo (gasolina, diesel) causa una elevación generalizada de los
costos de producción, lo que a su vez alimenta la inflación, genera
desempleo y reduce el ingreso real de las personas. Es decir, preocupado
por el efecto negativo que tiene el alza en los precios internacionales
del petróleo sobre el bienestar de los costarricenses, el Presidente
fustiga a la OPEP y solicita apoyo a la Comunidad Internacional. Pero,
¿qué hace en el interior del país -ahí donde él tiene influencia
directa sobre los precios de los combustibles? Todo lo contrario: carga de
impuestos al petróleo hasta triplicar el precio de la gasolina.
Impuestos
sobre impuestos. Según datos de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y un estudio del Instituto
para la Libertad y el Análisis de Políticas (INLAP), sobre el precio de
importación de la gasolina, ya refinada, pesan las siguientes cargas
(datos del 20/10/99): un 2 porciento por impuestos de importación
(¢0,975/lt), costos operativos (¢4,273/lt), inversiones (¢4,499/lt),
servicio de la deuda (¢2,915/lt), cargas tributarias y costos ajenos
(¢0,317/lt), Convención Colectiva (¢0,590/lt), beneficio para ARESEP
(¢0,031/lt) y subsidios cruzados (¢11,88/lt). Al añadir todos estos
cobros al precio de importación CIF, se obtiene el precio plantel.
A este precio se le suma lo siguiente: un impuesto selectivo de consumo de
50 porciento, un margen fijo para las gasolineras de ¢13,59/lt, un
impuesto de ventas de 13 porciento (sobre la suma de los tres rubros
anteriores), y un impuesto para la Comisión Nacional de Vialidad (CONAVI)
del 15 porciento (sobre los cuatro rubros anteriores). Esto es a todas
luces inmoral y debería ser ilegal.
Si tomamos el margen fijado para las gasolineras como un buen indicador
del costo de ese servicio, el precio al consumidor debió ser de
¢62,36/lt (48,77+13,59) el 20 de octubre de 1999, pero fue de
¢162,10/lt. En efecto, los costarricenses pagamos un total de impuestos
sobre la gasolina equivalente al 260 porciento del costo de importación.
Sabemos que muchos de estos impuestos existían antes del inicio de
esta Administración y que un proyecto de ley tributario contempla
modificaciones de algunos de ellos. Pero, para que la comunidad
internacional no nos tome como charlatanes, el Presidente ha de ser
coherente con lo que dice afuera y lo que hace adentro: debe eliminar, ya,
esos impuestos mediante un decreto ejecutivo.
Rigoberto Stewart
(La Nación, 2573/00)
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