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América Latina: ¿Hasta dónde, las Reformas? Hasta ahora se han dado dos "olas" o rondas de reformas en América latina. La primera se caracterizó por la disciplina fiscal y estabilización de precios, desregulación, privatización de empresas estatales y apertura comercial. La segunda, alcanza la reforma de la seguridad social y la flexibilidad en los mercados laborales, entre otros. Este proceso, empero, no ha sido igual en todos los países. Por el contrario, mientras algunos se encuentran muy avanzados en la segunda ronda, otros apenas empiezan la primera, lo que dificulta una evaluación global. No obstante, las evidencias indican que en los países donde hubo reformas, éstos lograron la estabilización, la recuperación y hasta el crecimiento económico. Inclusive las reformas mal hechas, como algunas privatizaciones, dieron resultados positivos --como reducciones drásticas de tarifas telefónicas y multiplicación de las líneas disponibles. En los países donde las reformas fueron pocas o se estancaron, la economía también se paralizó. A raíz de lo anterior surgen dos temas que se presentan en forma de interrogantes: ¿por qué las reformas han sido tan disímiles? ¿Cuáles son los factores determinantes y cuál es el límite de las reformas: hasta dónde ha de llegar el proceso? Tanto el grado de avance como el límite de las reformas están condicionados por diversos factores, dentro de los cuales se encuentran los obstáculos existentes en cada país, los tipos de adversarios y la fuerza de éstos, y la existencia de tabúes o "vacas sagradas". Pero quizás el factor más determinante, es la motivación; es decir, los hechos, factores u objetivos que estimulan el proceso. El connotado economista del Banco Mundial, Deepak Lal, señala que "es muy raro que la liberalización económica provenga de una conversión intelectual de los gobernantes, quienes, reconociendo sus errores del pasado, buscan realizar la transición de una economía controlada a una de mercado; más bien las reformas frecuentemente se hacen para retomar el control de la economía." Es decir, los gobernantes reforman sólo cuando el costo (político) de no hacerlo es mayor. Este objetivo (retomar el control) conduce a un mínimo de reformas; las estrictamente necesarias para que la élite política pueda seguir extrayendo del resto de la sociedad la máxima renta posible. En algunas ocasiones, pocas por cierto, las reformas han sido motivadas por el genuino deseo de incrementar (no optimizar) la eficiencia económica. Cuando esto se da, el límite es arbitrario y tanto éste como el grado de avance dependen, en alguna medida, de posturas ideológicas y concepciones previas con respecto al estado y sus funciones. Los ajustes en América Latina han sido estimulados por los dos factores anteriores: el deseo de retomar el control de la economía y de incrementar la eficiencia económica. Esta es la razón por la cual el avance ha sido tan heterogéneo y relativamente escaso. Las reformas avanzarían mucho más y el límite dejaría de ser arbitrario si se realizaran por el imperativo moral que existe, o para optimizar la eficiencia económica.
Motivación de Orden Moral Esta motivación está sustentada en el derecho de propiedad. De acuerdo con el derecho natural o el principio de no-esclavitud, todo ser humano es dueño de sí mismo, por lo tanto debe tener absoluta libertad para disponer de su cuerpo, mente y bienes (honestamente adquiridos) de la forma que prefiera o mejor le convenga, siempre que respete el mismo derecho de todos los demás; es decir, siempre que no medie la fuerza ni el engaño. De este principio se deriva el derecho absoluto a la propiedad bien habida y a la libertad económica. Esta libertad significa la potestad del individuo de utilizar su propiedad (cuerpo, mente, bienes, dinero) para cualquier actividad: producir, comprar, vender, importar, exportar, trocar, etc. Si las reformas estuviesen motivadas por el reconocimiento de este derecho, como en realidad debería ser, éstas llegarían mucho más lejos. Por ejemplo, se tendría que: eliminar todo arancel, porque cualquier barrera comercial constituye una violación de la libertad económica; liberalizar completamente el mercado laboral para que el dueño de la propiedad pueda entrar en libre contratación con otros; cerrar los bancos centrales y volver al dinero privado, porque la monopolización del dinero y la inflación causada por incrementos caprichosos del circulante constituyen una confiscación parcial de la propiedad; sustituir los impuestos por cobros según servicios demandados y recibidos, porque el derecho a la libertad económica implica que las transacciones solo pueden ser voluntarias (muchos servicios que ahora presta el estado en forma deficiente ---judicial, protección policial, educación, salud, carreteras-- deberían ser financiados únicamente por la vía del cobro a los usuarios); prohibir el endeudamiento público, porque endeudarse en nombre de otros es un acto propio de la esclavitud y porque ante la imposibilidad de cobrar impuestos, no habría cómo pagar esas deudas. Además, se plantea la privatización de las empresas estatales por al menos tres razones de orden moral: uno, porque se obliga a los ciudadanos a ser "socios" de empresas en las cuales ellos asumen las pérdidas pero los políticos y sindicatos gozan de las ganancias. Dos, las empresas estatales frecuentemente operan como monopolios, violando así el derecho de todo ciudadano a participar como oferente en cualquier mercado y de adquirir el servicio de quien él prefiera. Tres, el estado actúa como regulador de la actividad económica y a la vez como proveedor del servicio; es juez y parte: una inmoralidad. Se observa, entonces, que la motivación moral llevaría las reformas mucho más allá de lo contemplado por los gobiernos y de lo que recomiendan inclusive los liberales. Optimización de la Eficiencia Económica Esta motivación es absolutamente compatible con la de orden moral --el respeto absoluto del derecho de propiedad-- en el sentido de que conducen a las mismas reformas. Por ejemplo, los que aún le asignan al estado ciertas funciones básicas, plantean la privatización de las empresas estatales como la mejor forma de liberar recursos que los gobiernos necesitan con urgencia para ampliar y mejorar las obras de infraestructura, así como brindar otros servicios indispensables para el desarrollo. No tiene sentido que un gobierno mantenga, por ejemplo, el equivalente al valor de la producción nacional de un año "invertido" en actividades productivas en las cuales el sector privado está ansioso por participar, mientras el país carece de suficiente infraestructura o sufre los desajustes de la deuda pública. En términos de retornos a la sociedad, esta acción constituye una pésima decisión de inversión. En otros casos se plantea la privatización para rescatar el derecho de propiedad e introducir elementos de mercado en actividades donde han estado ausentes. Los servicios de educación, salud, pensiones, seguridad ciudadana y justicia son deficientes porque no hay una relación de dependencia directa entre el oferente y el demandante: el usuario es obligado a pagar, por adelantado --vía impuestos o deducciones salariales-- e independientemente de la calidad y cantidad del servicio que recibe. En estas circunstancias, las deficiencias son explicables, inevitables. La obvia solución o reforma consiste en hacer que el bienestar de los proveedores del servicio dependa enteramente de la cantidad y calidad de los bienes que entreguen, o sea, de la satisfacción de los demandantes. Los pagos del usuario han de ser voluntarios, por lo que el estado no debe asumir los salarios de los proveedores de esos servicios. Esta solución implica privatizar, una acción que se facilitaría por el hecho de que ninguno de esos servicios tiene carácter de bien público (en el sentido económico); es decir, existe la posibilidad de excluir del servicio a los que no paguen. Aquí se observa que tanto la motivación ética como la de la optimización económica conducen a la misma reforma: privatizar. El Caso Costarricense En Costa Rica, donde el proceso de reforma ha sido en extremo gradual, temeroso y zigzagueante, con aceleraciones, desaceleraciones, estancamientos, desviaciones y hasta retrocesos; la motivación primordial ha sido el deseo de los políticos de retomar el control de la economía para así continuar con el saqueo sistemático de la ciudadanía. El aspecto moral, antagónico de la motivación principal, ha brillado por su ausencia --está muy por encima de la estatura de nuestros políticos. Este hecho desvirtúa el actual proceso de concertación, el cual, por falta de consideraciones éticas que le sirvan de guía, se ha convertido en un ejercicio demagógico ... una especie de suicidio colectivo, con algo de asistencia. Rigoberto Stewart (El Financiero, C.R. 12/10/98) |
