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El crimen económico
El Instituto Fraser de Canadá y el Instituto Cato de los Estados
Unidos, además de institutos independientes de otros 52 países,
publicaron, en enero, el Informe Anual 2000: Libertad Económica en el
Mundo, sobre el cual hice referencia en un artículo anterior (La
Nación/17/5/p15A). De este informe, que clasifica a 123 países
según su Índice de Libertad Económica (ILE), podemos extraer dos
conclusiones muy importantes: (1) actualmente vivimos en un planeta más
libre económicamente y (2) la violación del derecho humano a la
libertad económica es un crimen por el cual los gobernantes deben ser
juzgados y condenados como cualquier otro criminal.
Un mundo más libre. A pesar de que el informe indica que muchas
personas continúan viviendo bajo gobiernos que son hostiles a la
propiedad privada, la elección individual y la libertad de intercambio,
el mundo avanza en cuanto a libertad económica. El ILE promedio (con un
rango ascendente de 0 a 10) para los 123 países incluidos en el estudio
fue de 6,6 en 1997, significativamente superior al de 5,3 en 1980. Esto se
debe a mejoras globales en varios componentes del índice, como la
inflación, el comercio internacional, los impuestos y el consumo del
gobierno. El promedio de la tasa de inflación descendió de 14,5 por
ciento en 1980 a 5,8 en 1997 y el número de países con una tasa de
inflación anual inferior al 5 por ciento pasó de 10 a 55, el promedio de
los aranceles descendió de 27 por ciento en 1980 a menos de 12 en 1997; y
a pesar de que las transferencias y los subsidios continúan en
crecimiento -11,3 por ciento del PIB en 1997-, la parte de los bienes y
servicios consumida por el gobierno se ha estabilizado y las tasas
marginales máximas de los impuestos han descendido drásticamente.
Libertad económica, prosperidad y calidad de vida. El estudio
demuestra, inequívocamente, que hay una relación directa y causal entre
libertad económica y prosperidad. Durante 1970-97, los países que
conforman el 20 por ciento de los más libres, económicamente hablando,
tuvieron un ingreso per cápita promedio de US$18 108 y una tasa de
crecimiento promedio anual de 1,6 por ciento, mientras que los países
ubicados en el último 20 por ciento de la clasificación, el ingreso per
cápita fue de tan sólo US$1 669 y la tasa de crecimiento promedio
anual de B1,3
por ciento (negativo). Además, la esperanza de vida promedio en los 24
países con mayor libertad económica supera en más de 20 años a los 24
países menos libres.
El crimen económico. Las evidencias son claras: los gobernantes
que violan el derecho de sus ciudadanos a la libertad económica generan
pobreza y hasta provocan la muerte (reducen la calidad y la “cantidad”
de vida -años hombre- de la población), y esto es adecuadamente
mensurable. Por ejemplo, durante 1970-82, el ILE de Costa Rica bajó de
8,1 a 5,6. Con los datos del estudio se puede estimar las muertes
generadas (la cantidad de años hombre perdidas en el tiempo) por ese
grado de violación de la libertad económica. Ya se ha hecho para la
violencia. Los doctores Guido Miranda y Luis del Valle determinaron que
durante la década de los noventa, en Costa Rica, se perdieron 240 000
años de vida por esta causa.
En cuanto a la pérdida en términos de calidad de vida, uno se puede
preguntar: “¿Cuántos niños han debido prostituirse a causa de ese
atropello que genera pobreza?¿Cuántos niños han visto truncado su
desarrollo físico y mental a causa, digamos, de un arancel a los lácteos
de más de 100 porciento?”. La lista es larga.
El caso Pinochet sienta un buen precedente: los crímenes de los
gobernantes no deben quedar impunes. Se debe juzgar a todas las
autoridades que sacrifican a los ciudadanos por medio de la
violación de su derecho humano a la libertad económica; sólo que no se
podrá acudir a jueces oficiales, como Baltasar Garzón, porque forman
parte del aparato criminal. Se tendrá que acudir a un tribunal privado y
a un ente privado para ejecutar la sentencia. ¿Quién se apunta?
Rigoberto Stewart
(La Nación, C.R., 23/8/00)
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