La reciente modificación de la Ley de Armas y Explosivos contempla una pena de uno a tres años de cárcel para aquellas personas que tengan o porten armas “sin los permisos necesarios”. Esta enmienda lesiona uno de nuestros derechos fundamentales y constituye una muestra más de la incapacidad mental de los legisladores. ¿Por qué?No se necesita mucha elucubración para darse cuenta de que este asunto de control de armas se reduce a dos opciones: (1) que sólo los delincuentes -dentro y fuera del aparato estatal- puedan portar armas libremente, o (2) que todos podamos hacerlo. No hay más. Ante la ola de violencia aquí y en otros lares y el consiguiente clamor popular por el control de armas, a los legisladores les resultó muy fácil escoger la primera opción. Otro craso error. Para escoger entre las dos opciones debieron utilizar dos criterios: (a) el respeto al derecho del ciudadano y (b) la efectividad para reducir la violencia. La opción de los legisladores falla en ambas cuentas. Por una parte, constituye una flagrante violación de nuestro derecho a la autodefensa; por otra, propicia la violencia al dejar al ciudadano a expensas del hampa.

El derecho a la defensa propia. Siempre habrá quienes quieran iniciar el uso de la fuerza contra otros. Así es la naturaleza humana. De ahí que también es natural que la víctima potencial se defienda. Lo que resulta totalmente monstruoso es que A (el estado) ataque a B (el ciudadano) para que éste no se defienda contra C (el otro criminal). Al actuar de esta manera (y de otras), el estado se convierte en otro agresor del cual el ciudadano también se tiene que defender. Esto no es ningún descubrimiento. A través de la historia, los gobernantes han sido los mayores agresores del ciudadano. De ahí que una de las fuertes razones para tener, portar y usar armas es justamente para defenderse del estado. Thomas Jefferson fue claro al señalar: “La razón más poderosa para que la gente retenga el derecho a portar armas es, como un último recurso, para protegerse contra la tiranía en gobierno”. Por tanto, el tener que recurrir al agresor, contra el cual uno se quiere defender, para obtener un permiso de armas es un disparate.Efectividad para reducir la violencia. El ejercicio del derecho a defenderse de otros no implica ni el caos ni la violencia generalizada. Más bien la minimiza. El año pasado, durante una convención de libertarios en Berlín, el alemán Hans Hermannn Hoppe, discípulo del genio Murray Rothbard, nos señaló que el “wild, wild, wild west” no era tan salvaje como se piensa; al contrario, era mucho menos violento que nuestras sociedades contemporáneas, en gran medida porque prevalecían el principio y el derecho a la defensa propia.La negación de este derecho implica mayor violencia porque el ciudadano decente queda a merced del hampa. Hace poco más de un año, el gobierno de Australia forzó la entrega de armas para su destrucción. En total, pagó $500 millones para recoger 640 381 armas de fuego personales. Doce meses después, los resultados fueron los siguientes: en todo el país, los homicidios se incrementaron 3,2 por ciento, los asaltos, 8,6 por ciento, los robos a mano armada, 44 por ciento (sí, 44%). En el estado de Victoria los homicidios con arma de fuego se aumentaron 300 por ciento (!!). Curiosamente, los datos de los 25 años previos a la fatídica decisión de desarmar a los ciudadanos de bien habían mostrado una reducción constante de los homicidios con armas de fuego y los robos a mano armada.

Conclusión. Aunque nos cueste aceptarlo, la opción dos es la acertada. Nuestro derecho a la autodefensa, que implica tener y portar armas, es un derecho natural e inalienable que reduce la cantidad de violencia y nos protege contra los déspotas gobernantes. Ejerceré ese derecho natural de portar armas y estaré preparado para repeler a los asaltantes civiles u oficiales. Prefiero morir defendiendo mi libertad que ser esclavizado por una caterva de imbéciles.