Según un informe de Cefsa, las pérdidas causadas por el huracán Mitch ascendieron a US$6 535 millones, equivalente al 13 por ciento del PIB regional. Hubo 3 millones de damnificados, 243 000 viviendas destruidas o dañadas y, en algunos países, más del 50 por ciento de la red vial deteriorada. Para asistir a la región, ha habido todo tipo de propuestas, demandas y ofertas. Una importante demanda de los gobernantes centroamericanos es la revisión de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), para obtener "un mayor acceso de sus productos y del resto de la región al mercado estadounidense, en particular para la industria textilera." Pero no se quedaron ahí. Claman por "el establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica, y otros afligidos países del Caribe".

Dos clases de ciudadanos. Por diseño de la clase política, en Centroamérica, infortunadamente, existen dos grupos de ciudadanos: (1) el grupo empresarial (o político/económico), conformado, entre otros, por industriales, exportadores de ciertos rubros agropecuarios y empresas multinacionales, los cuales gozan de derechos plenos y de una serie de prerrogativas que van más allá de sus derechos naturales como individuos o empresas. Y (2) el grupo de los esclavizados, conformado por los más pobres de la población, los cuales no sólo no gozan de esos derechos individuales básicos, sino que están obligados a costear las prebendas del grupo empresarial. Los empresarios tienen el derecho de producir y exportar todo lo que quieran. Además, con frecuencia se les exime del pago de aranceles y de otros impuestos, y se les subsidia su exportación. Este es el único grupo que se beneficiaría de las concesiones comerciales estadounidenses. Por otra parte, los gobernantes utilizan altísimos aranceles para negarles a los esclavizados su derecho de importar productos baratos; además los obligan a costear los subsidios a las exportaciones de los empresarios. Este grupo, el mayoritario y más golpeado por Mitch, no se beneficiaría en absoluto de las concesiones comerciales demandadas.

Mercantilismo salvaje. Lo antes señalado no es más que el mercantilismo salvaje que practica la clase político/económica de Centro América. ¿Por qué salvaje? Porque los gobernantes junto con esos malos empresarios (no son todos) utilizan la fuerza para literalmente extraerle la sangre a la gran masa empobrecida. El caso costarricense constituye un buen ejemplo. El 15 de enero pasado, como parte de la ampliación del TLC con México, el gobierno de Costa Rica logró abrir ese mercado a la leche costarricense para así favorecer a esos empresarios. Sin embargo, 4 días después, con todo el cinismo, firmó un acuerdo con los lecheros para que en tres años el arancel en Costa Rica pase de 104% a 65%. Es decir, los empresarios aumentarán sus exportaciones de leche a Centroamérica y México (tengo entendido que no dan abasto), mientras que el pobre consumidor tendrá que pagar aún en el 2001 un 65% más por dicho alimento. ¡Un crimen! [En El Salvador la leche paga un arancel del 20% y están por reducirlo, por exagerado. Los consumidores salvadoreños importan leche de Costa Rica con muchas ventajas sobre el consumidor tico.] El arancel a los muslos de pollo bajará de 200% a 150% durante el mismo lapso. Todo mundo sabe que esos aranceles inmorales son para transferir fortunas a personas bien identificadas por sus nombres y apellidos. Esta política comercial equivale a obligar a cada consumidor a entregar un cheque mensual a esos individuos. ¿Qué calidad moral se requiere para exigir e implementar una política de este tipo?

Un llamado a la acción. Si queremos vivir en una Costa Rica pacífica, debemos hacer algo antes de que sea tarde. ¿Hacer qué? Los políticos dicen que el saqueo es culpa nuestra; que como los consumidores no nos organizamos, ellos sucumben ante las exigencias de los gremios empresariales, de los cuales usualmente ellos forman parte. Tienen razón. Por ello, debemos conformar, ya, una verdadera organización de consumidores que, con claridad de criterio, luche por nuestros derechos, pero sólo por éstos. Esta, una vez organizada, debe marchar a Zapote y Cuesta de Moras, pacíficamente, para exigir, con energía, la igualdad ante la ley, el respeto a nuestros derechos como ciudadanos, como consumidores, como seres humanos. Sólo así lograremos una Costa Rica más justa.

Rigoberto Stewart
(La Nación, C.R., 23/3/99)