En su artículo “Fundamentalismo peligroso” (La
Nación, 6/5/99, P.14A) el señor Jaime Harrington, presidente de la
agrupación lechera, ensaya una defensa de la indefendible política de
protección a los industriales lecheros y, entre otras lindezas, me acusa
de caer en una “tesitura ultraliberal y utópica”. Voy al grano.
Igualdad. Mi tesis, que debe coincidir con la de
cualquier ser humano decente y medianamente inteligente, es la siguiente:
en política de comercio internacional, lo moralmente correcto es la
igualdad ante la ley. Tanto los empresarios -industriales de la leche y
otros - como los consumidores debemos tener absoluta libertad para
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional. Los
primeros, libres para decidir qué producir y adónde venderlo; los
segundos, libres para decidir qué consumir y de dónde obtenerlo.
En este sentido, lo ideal es que no existan aranceles
del todo, ya que son discriminatorios y empobrecedores. Pero si el
gobierno decide cobrar aranceles por razones puramente fiscales, estos han
de ser iguales para todos -industriales y consumidores. Por ejemplo, un
arancel del 5% sobre todos los bienes y servicios que se importen y un
impuesto del 5% sobre todos los bienes y servicios que se exporten.
Esta igualdad es el espíritu del Artículo 33 de la
Constitución, que reza: Todo hombre es igual ante la ley y no podrá
hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Acostumbrado
a nuestro nefasto feudalismo, en el cual, en virtud de su apellido o
apariencia física, cierta gente han gozado de privilegios que los demás
no osamos ni soñar, el señor Harrington califica mi llamado por la
igualdad ante la ley como descabellada, utópica. ¡Cuán poco hemos
avanzado en 500 años!
Una discusión bizantina. En su intento por
justificar la política que nos cuesta a los consumidores muchos de miles
de millones anualmente, el señor Harrington destaca los aranceles y
precios de la leche en varios países. Hay tanto ahí que uno podría
refutar, pero ponernos a discutir si la leche es más cara en Costa Rica
que en Kundanga es como si ante una epidemia de violaciones sexuales en
América Latina nos concentráramos en averiguar si los violadores ticos
son más guapos que los argentinos. El punto es que hay una violación de
los derechos de un ser humano y el hecho es inmoral. El grotesco arancel
lechero es una violación de nuestro derecho; una inmoralidad.
En este diálogo de sordos, el señor Harrington nos
regala un par de joyas. Primero, nos señala que “el país como un todo
se anota un gran triunfo comercial al obtener una cuota para leche UHT
(...) significativa por permitir el acceso a uno de los mercados más
protegidos del mundo...” Esto es el colectivismo alienante en su máxima
expresión. Violan mi derecho y me perjudican, pero el país como un todo
se beneficia. Con este argumento, una “cámara” de criminales puede
capturar a ciertos ticos y extraer sus órganos para exportarlos a
mercados de difícil penetración. El país, como un todo, se
beneficiaría.
Segundo, nos da una lección de economía. Argumenta
que ¡cuanto más sube el arancel, más baja el precio! Por esta razón,
en Costa Rica, el país con el arancel más elevado, la leche es más
barata. La economía entendida al revés. Si esto es cierto, ¿por qué
exigen elevados aranceles?
Mercantilismo peligroso.
El señor Harrington nos
da a entender que luchar por nuestros derechos elementales es peligroso.
¿Cómo puede ser la igualdad ante la ley más peligrosa que el
mercantilismo -que desangra a unos para engordar a otros- practicado y
defendido por ellos? Para preservar la paz, recomiendo que se reduzca el
arancel a cero, y que los tontos compremos la leche cara de afuera y los
demás la leche baratísima que venderán los lecheros.
Rigoberto Stewart
(La Nación, C.R., 16/6/99)
